Las vacunas son voluntarias y se dirigen a la población sana.

No existe consentimiento informado necesario ni renuncia para ponerse o no ponerse una vacuna, ya que se trata de una medida de salud pública y no de un tratamiento médico para enfermos.

En este sentido, o hay una Ley que obligue a la gente a vacunarse, o hay una resolución judicial firme, o no hay vacuna involuntaria.

Nadie tiene la obligación de expresar o dejar constancia de los motivos para no vacunarse.

No obstante, el Gobierno y operadores sanitarios y jurídicos mantienen una situación de caos y de inseguridad jurídica que está produciendo un intenso estrés social y personal.

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Algo que podemos hacer para dejar clara nuestra posición es enviar nuestra negativa a formar parte de programas de vacunación, de pruebas de screenig o de seguimiento a través de rastreadores o de aplicaciones informáticas