Joaquín Chaves Sola: Vamos llegando
Ya estamos más cerca de iniciar las acciones legales de denuncia contra el Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz y contra el Hospital San Francisco de Madrid.
Parece que ya se ha resuelto la cuestión de la legitimación de herederos capaces de defender los intereses de Don Joaquín y ya nos pondremos en marcha en breve.
Os volvemos a recordar el Burofax enviado y del que aun no tenemmos respuesta.
Compartimos el Burofax que hemos enviado hoy mismo a la Gerencia del Hospital san Francisco de asís de Madrid.
Estimados Sres.:
Como abogado he recibido el encargo profesional de diferentes organizaciones y particulares de estudiar lo ocurrido en relación al fallecimiento en el Hospital Universitario san Francisco de Asís al que me dirijo y valorar las acciones sociales y judiciales que puedan ser pertinentes.
Don Joaquín Chaves Sola acudió a ese hospital el 13 de diciembre de 2021 a las 15:00 horas como paciente cardiópata y síntomas de infarto. Era una persona en una situación grave y de alto riesgo. Fallece en dicho hospital a las 19:30 sin haber recibido atención médica a cargo del responsable del Servicio de Cardiología de dicho hospital el Dr. Asin Cardiel.
La asistencia médica en este caso tan grave se demoró por más de cuatro horas de manera injustificada por la simple razón de que el paciente sin ningún tipo de síntoma respiratorio, se negaba a hacerse una prueba PCR. Dentro de los derechos del paciente, Don Joaquín se negaba a hacerse la PCR por miedo a un falso positivo, a la indefensión, al aislamiento, a no poder estar acompañado y a no poder tener la asistencia de sus amigos. La PCR suponía para él y supone para muchos ciudadanos la pérdida absoluta de su autonomía y de su capacidad, quedando en manos de las decisiones de terceras personas a las que no tiene la obligación de dar crédito o autoridad sobre su vida.
De hecho (1) Le niegan la asistencia si no se hace la PCR, (2) Le niegan el cateterismo si no se hace la PCR. (3) Le amenazan con ir a las autoridades judiciales si no se hace la PCR voluntariamente; (4) Le amenazan con calificarle de paciente COVID si no se hace la PCR; (5) Quisieron evitar el contacto con amigos y familiares retirándole el móvil; (6) Quisieron codificar el fallecimiento como fallecido por COVID.
Como saben, la realización de pruebas PCR de manera involuntaria en una persona sin síntomas de enfermedad infectocontagiosa no está soportada por ningún precepto legal. Sin embargo, condicionaron la asistencia médica a una exigencia arbitraria, pudiendo haber incurrido en un ilícito penal de coacciones. La prueba PCR, ni era indicada, ni era necesaria, ni era preceptiva para la atención de urgencia que mi mandante el Sr. Chaves necesitaba para salvar su vida.
Durante la estancia en el box de urgencias, se pretendió un consentimiento informado que no cumple con los requisitos de calidad y respeto a los derecho de información clínica que establece la ley. Se le entrega a una persona con un infarto y con dificultades en la visión, un formulario escrito para que firme, sin hacer la más mínima explicación al paciente, sin responder sus dudas e intentando dar apariencia de legalidad a un consentimiento nulo de pleno derecho en el que ni se da información, ni se responden inquietudes, ni se explican riesgos, ni se ofrecen alternativas.
El cateterismo que se le ofrece es indeterminado, pues no se le explica con claridad que como cateterismo diagnóstico caben otras soluciones menos arriesgadas y como cateterismo terapéutico no se le explica con detalle ni los riesgos ni concretamente la intervención a realizar. Hay un vicio de consentimiento y sobretodo una instrumentalización del paciente. Cada Stent tiene un coste de 1.500 euros aproximadamente y podría haber un conflicto de interés en el cardiólogo a través de “transferencias de valor” con la industria distribuidora del material sanitario.
Al paciente se le impidió comer y beber. El paciente sufrió sed hasta el momento en el que falleció, consistiendo esta situación en un trato degradante e inhumano. La dieta absoluta no es incompatible con el empleo de sueroterapia que alivie el hambre y la sed, salvo que se desease someter al paciente a una situación de estrés inaguantable con el fin de doblegar su voluntad para dejarse hacer la PCR y el cateterismo en contra de su libre y consciente voluntad. El paciente tuvo que chupar una gasa de algodón para producir suficiente saliva como para aliviar su sed.
El paciente sufrió críticas y reproches morales, presiones indebidas e incluso la amenaza de retirarle el móvil por parte del personal bajo la responsabilidad del Cardiólogo Dr. Asin Cardiel. No parece razonable que a un paciente grave, con un infarto se le someta a este nivel de estrés que no puede mas que agravar su situación e incluso llevarle a la muerte. Falleció bajo la responsabilidad del Dr. Asin Cardiel, víctima de un trato displicente y deshonesto del personal de dicho hospital que sin duda es responsable subsidiario.
Observamos después de toda la experiencia vivida, que Don Joaquín fue objeto de un trato inhumano y degradante, sufrió malos tratos, coacciones, trato negligente y abusivo durante más de cuatro horas de desatención médica y que todo ello terminó con su vida. Don Joaquín era una persona muy enferma y vulnerable, pero también muy querida por muchas personas que están preocupadas porque esta situación no tenga una respuesta justa y personas preocupadas porque esta sistemática negligente se repita en otros muchos casos de personas que no desean someterse a internamientos, exploraciones y tratamientos involuntarios.
En el móvil de Don Joaquín queda constancia de lo ocurrido a través de grabaciones que él mismo realizó en el ejercicio legítimo de sus derechos como paciente.
En definitiva, este letrado que fue apoderado por Don Joaquín antes de acudir al hospital, su pareja, todos sus amigos, así como los miembros de una asociación de consumidores y de un sindicato esperan que el plazo de una semana, antes del 31 de Diciembre del 2021, la Gerencia del Hospital y el Dr. Asin, emitan un comunicado de disculpa y den las explicaciones debidas de lo ocurrido, con el compromiso de que se establezca un protocolo que impida la discriminación en la atención sanitaria de quienes no pueden, no deben y no quieren hacerse una prueba PCR para recibir asistencia sanitaria. El comunicado deberá ser entregado personalmente a la pareja del fallecido.
De no recibir dicho comunicado público antes del 31 de diciembre, emprenderemos las acciones sociales y judiciales que a nuestro derecho convenga hasta la obtención de justicia.
En Madrid a 24 de Diciembre de 2021
Justificante del Burofax enviado
090184545a378add
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