EL DESMADRE DE LOS SERVICIOS SOCIALES y la detención de Marcos

CONSUELO GARCÍA del CID, nos advertía con este libro el comportmiento nefasto que tienen los Servicios Sociales. En la dictadura se podía entender ese margen de maniobra y de abuso institucional que todo estado totalitario sostiene por el principio de autoridad y obediencia.

50 años más tarde, tenemos que reconocer que el tiempo ha pasado pero el espíritu totalitario de los gobernanes y de sus funcionarios, no ha sufrido ningún cambio a mejor.

En la actualidad el clan de los funcionarios, se ha convertido en una casta privilegiada con derecho a estar por encima de la Ley. Los funcionarios no se leen las leyes ni tienen ningún celo por cumplirlas, estableciendo una relación asimétrica con el ciudadano donde la burocracia y la coacción permiten una interpretación delirante del derecho en contra del servicio efectivo al ciudadano.

Marcos es un niño REAL, de 9 años y que padece un síndrome del espectro autista. Sus padres lo atienden como es debido y lo protegen de todos los riesgos, especialmente de los riesgos derivados de esta situación pandémica y el estado totalitario que la soporta.

El Gobierno lo tiene muy claro y no va a tolerar que ante sus imposiciones exista discrepancia, deteniendo, humillando o sancionando cuanquier tipo de disidencia.

Lo que no se hace con los corruptos, con los okupas, con los delincuentes, narcotraficantes o violadores, se hace de forma sumarísima a quienes no cumplen las normas sobre PCR, mascarilla, confinamientos, desplazamientos, asistencia al colegio, etc. Procedimientos sumarísimos y sin garantías en toda España orquestados por las Fiscalías que no solo consienten sino que estimulan un funcionamiento ilegal -criminal- de las administraciones públicas.

Marcos es singular tanto por su edad como por su condición. Necesita el apoyo de sus padres y recursos para poder disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad. Pero a los Servicios Sociales de Guadalajara no les importa y a la Fiscalía Povincial y de menores menos. Las discrepancias políticas de los padres con las técnicos de Servicios Sociales llevaron a Marcos a una declración ilegal de desamparo y a su padre a una unidad de psiquiatría (¡POR MERAS DISCREPANCIAS POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS!). A esto ha llegado la Ley de Protección Jurídica del Menor y la instrumentación de la "psiquiatría político-social". Se promueve la separación de un menor muy vulnerable porque a los técnicos de Servicios Sociales no les gusta la posición política del padre. Sin más.

1. Nada de respetar los Derechos Fundamentales del menor y de los padres.

2. Ninguna garantía de la Ley de Servicios Sociales

3. Ninguna garantía de la Ley de procedimiento administrativo común

4. Ninguna garantía procesal y de orden público por parte de la Fiscalía

El menor es devuelto a sus padres pero de resuelve declarar al menor en situación de riesgo ¡por la posición política del padre! y se les obliga a llegar a un acuerdo de colaboración entre Servicios Sociales y la familia.

Los Servicios sociales no solo incumplen el acuerdo de manera grosera y descarada (nada de ayudas, nada de transparencia y participación, nada de derechos), sino que su comportamiento es completamente insultante y amenazante, condicionando la libertad del menor y sus derechos a que los padres se sometiesen a los caprichos de los funcionarios. La funcionaria responsable se permite la ligereza de difamar al letrado y amenazar a los padres.

El trato displicente y amenazante de los funcionarios queda grabado en audio.

Ante ese abuso, denunciamos la situación y solicitamos la cancelación de la resolución de declaración de riesgo, siendo citados los padres para revisar el acuerdo. Llegados los padres a las oficinas de Bienestar Social de Guadalajara, se les prohibe comparecer con abogados por lo que es imposible tratar la revisión del acuerdo. Visto lo imposible de la situación y la violación de los derechos de los padres, y del menor nos dirigimos a la Fiscalía para presentar notificación de lo ocurrido. Los Servicios Sociales aprovechan nuestra visita a la Fiscalía para desplegar un dispositivo de detención del menor y van al colegio de manera furtiva a llevárselo a una institución pública desconocida. No se dicta resolución ni se dice a los padres nada, lo que da muestra de la ilicitud de sus actos.

Las técnicos se amparan en el "derecho" que tienen de proteger al hijo ajeno e incurren la la habitual ficción de todo funcionario vago, de creer que no están sujetos al cumplimiento de ninguna ley y que están por encima de cualquier derecho de los ciudadanos. Ese es el nivel de perversión al que han llegado los funcionarios en España y la verdad es que hay que decir que es una situación insostenible.

Las técnicos -cuyos nombres desvelaremos cuando sea necesario- se olvidan y dejan inaplicadas las siguientes normas:

1. Constitución Española (derechos fundamentales; principios de la actividad administrativa).

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (derechos políticos de los ciudadanos)

3. Art 41 del TFUE (tratado de funcionamiento de la Unión Europea y derecho ala Buena Administración).

4. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD y Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (derecho a los ajustes necesarios y a la igualdad en el disfrute de derehos)

5. Declaración de los Derechos del Niño (derecho a la familia, a ser escuchado y a su interés superior)

6. Estatuto del empleado público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Obligaciones con los ciudadanos)

7. Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (obligaciones formales y materiales de servicio efectivo al ciudadano)

8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (derechos de los ciudadanos)

9. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico (obligaciones formales de las administraciones)

10. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (derechos de los menores)

11. Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha (derechos de los usuarios)

12. Ley 5/2014 de Protección Social y Jurídica de la Infancia y Adolescencia de C-LM (derechos de los menores)

13. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica derechos procesales de los menores y personas con discapacidad

Con la complicidad de la Fiscalía y los Juzgados y al amparo del poder político que proete a los funcionarios que cumplen órdenes, toda la legislación y todas las garantías constitucionales, judiciales y administrativas se reducen a la siguiente frase:

"podemos quitarte al niño sin necesidad de autorización judicial, si no obedeces"

Un país que permite a los funcionarios actuar en este nivel de deravación moral, y que no corrige disciplinariamente es un país que no tiene ningún futuro y que pone en peligro a las cosas más importantes de una sociedad civilizada: la protección de los débiles y la libertad.

Los Servicios Sociales se comportan como una organización criminal al servicio de intereses políticos, dentro de una maquinaria de corrupción.

Nadie duda de que hay necesidad de unos Sevicios Sociales que asistan a determinadas personas, pero por esa misma razón por la que se necesitan médicos, policías, bomberos e inspectores de hacienda, no se permite al médico matar, ni al policía abusar, ni al bombero incendiar montes ni al inspector cobrar sobornos. Los Servicios Sociales y las Fiscalías no son una categoría espacial de ciudadanos al margen de la Ley, sino por la importancia que tiene su función, se les debe exigir pleno sometimiento a la misma con más intensidad que otros funcionarios.

ACCIONES

1. Hay una campaña en internet para sacar a este niño de la detención ilegal de la que es objeto. https://t.me/inmaqlada

2. En meses anteriors se han presentado dos escritos reclamando legalidad y derechos de las intervenciones sociales.

3. Ayer 27 de septiembre se presentó denuncia ante la Fiscalía

4. Presentado Hábeas Corpus

5. Recurridas en el juzgado las resoluciones de servicios Sociales sobre desamparo y tutela.

6. Presentada denuncia ante Fiscalía

7. Presentada solicitud de revisión de actos nulos

8. Preparando Recurso de Amparo ante el Tribunal Costitucional

9. Preparando denuncia ante el Comité de Derechos del Niño

10. Preparando denuncia ante la Comisión Europea.