La poca vergüenza de lo público


Todos hemos visto estos días cómo se suceden ilegalidades y crímenes que aparentemente quedan impunes.

Detenciones ilegales, denuncias falsas, noticias falsas desde el Gobierno, compras fraudulentas, declaraciones ilegales de Estado de Alarma y confinamientos "selectivos".

Una auténtica "nueva Realidad" absolutamente Orweliana donde los criminales del Gobierno, se van saliendo con la suya.

Al amparo de los deseos del Gobierno, está el aparato judicial, que no es más que un apéndice del Gobierno y de los intereses políticos, no pocas veces salpicado de casos de corrupción.

Si recordamos cómo empezó esto, al principio del Estado de Alarma, se decretó la suspensión de plazos y términos judiciales y administrativos, sin que el Consejo General del Poder Judicial dijese nada.

Más adelante se hacen cambios procesales como la Ley 3/2020 donde se refresca la Autoridad de los Jueces en la ratificación de medidas de Salud Pública sin que el CGPJ dijese tampoco nada ante la absoluta ilegalidad de la norma.

Advertimos a la Fiscalía General del Estado de la absoluta ilegalidad, pero la Fiscala decidió no intervenir y facilitar este atropello a la Constitución, dando carta blanca a que los Fiscales toleren y apoyen la más total corrupción del orden público.


El Consejo General del Joder Judicial -tal y como apareció en un BOE- y su Presidente tarde o temprano deberán dar cuentas de lo que está ocurriendo y pagar por todo el daño que están causando como cómplices de esta guerra del globalismo contra los ciudadanos.


Hoy nos sorprende el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en uno de los muchos trámites dilatados y no resueltos relacionado con nuestras acciones durante los confinamientos.

Dice que en el trámite de alegaciones, el Ministerio Fiscal no se ha presentado (probablemente porque son conscientes de que están en un callejón sin salida y no se quieren manchar).

Lo que sorprende aun más es la contestación del Letrado de la Comunidad que con inusitado desparpajo ha aprovechado todo el tiempo extra que le ha dado el TSJCYL para hablarnos de la nueva realidad: los ciudadanos no pintamos nada ante las cuestiones de salud pública y se nos ha de negar la posibilidad de defendernos.


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El letrado nos regala un compendio de resoluciones por toda España reconociendo lo anterior: que los ciudadanos no tenemos ninguna opción a defendernos (cosa que es temerariamente falsa).


Seguiremos los trámites que sean necesarios hasta el final, a sabiendas de lo difícil y cruel de la pelea, y de lo lento que está siendo, y de la gente que está perdiendo sus negocios y sus vidas en el camino. Pero llegaremos hasta el final, y el que lo tenga que pagar, lo pagará.


Disfruten lo que nuestros amigos políticos están construyendo, antes de que se les caiga a los culpables encima.


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