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¿Qué está ocurriendo en la Justicia?


¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO EN LA JUSTICIA?


1) La justicia ya estaba en decadencia en los primeros años de la democracia. Son tres síntomas claros los que nos indican esta decadencia:

1. Burocratización: La complejidad ha ido en aumento. La accesibilidad ha llegado a mínimos

2. Funcionaliar: La Administración de Justicia se ha convertido en un servicio exclusivo y excluyente.

3. Limitación del recurso de amparo. La protección de Derechos Fundamentales ha perdido su naturaleza sumaria y preferente y el recurso de amparo directo al Tribunal Constitucional se ha prohibido a los particulares.


2) ¿Qué ha pasado en la pandemia?

1. El Estado de alarma fue irracional y desproporcionado puesto que había recursos jurídicos más idóneos sin necesidad de paralizar a la sociedad. Podría haberse hecho uso de la Ley Orgánica de medidas especiales en materia de salud pública y la Ley General de Salud Pública. Lejos de esto, el Gobierno planteó un estado de alarma innecesario y abusivo con la complicidad de la administración de Justicia.


2. El Gobierno suspendió plazos y términos administrativos y paralizó la administración y los servicios públicos anulando las garantías administrativas y judiciales.


3. El Gobierno suspendió la actividad judicial salvo para cuestiones de urgencia e interés constitucional, privando a la sociedad de la tutela judicial efectiva con el consentimiento del Consejo General del Poder Judicial. Igualmente el tribunal Constitucional redujo al máximo su actividad y hemos visto dos eventos importantes:

  • 1. En mayo del 2020 resuelve sobre el derecho de manifestación durante la pandemia y decide inmediatamente que no existe tal derecho.

  • 2. En Mayo del 2020 recibe una demanda de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados de VOX, la admite y la tramita por más de un año hasta que resuelve que el Estado de Alarma tenía aspectos inconstitucionales. La demanda de VOX era negligente y partía de premisas como que la pandemia era incuestionable y las medidas necesarias. No plantea cuestiones de fondo tan evidentes como la necesidad de que se hubiese desplegado layes de salud pública y no un estado policial, o el quebranto de la tutela judicial efectiva. La resolución termina siendo mínima y de escaso interés práctico.

4. Se constituyó un estado policial con instrucciones expresas de generar una experiencia de terror y tortura impune. Se ha detenido a personas con meras supuestas infracciones administrativas. Las detenciones son prolongadas innecesariamente. Toda detención es posible simulando delitos de desobediencia grave, de resistencia grave y de atentado.


5. El Gobierno dictó una primera medida antes del estado de Alarma. Cuando la pandemia no había llegado a España ni había motivos para decretar medidas, el Gobierno con la complicidad de todos los grupos políticos aprueba el RDL 6/2020 por el que se compromete a asumir una deuda de 200.000 millones de euros.


6. El Gobierno simuló urgencia en las medidas y sorpresa por la evolución de la pandemia. El Ministro de Ciencia reconoce en mayo que ya estaban trabajando en una vacuna desde finales de febrero del 2020 y ya estaban trabajando en cambios legislativos y partidas presupuestarias. Por lo tanto no había una sorpresa ni una urgencia. Fue un engaño. ¿pero a qué se refería con los “cambios legislativos”? A la modificación del reglamento sobre organismos genéticamente modificados (en febrero del 2020)


7. Se aprueba sin procedimiento de transparencia y buen Gobierno, una modificación de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa en septiembre de 2020. En esa reforma jurisdiccional se autoriza a los jueces de distintos niveles a dictar resoluciones judiciales que avalen medidas restrictivas de derechos tomadas por las administraciones. Las autorizaciones se llevan a través de un expediente arbitrario, inexistente y sin contradicción de partes ni participación de afectados. Los Jueces les llaman “procedimiento superespecial” que no existe. Notificada la aberración a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía del Tribunal Constitucional, omiten toda intervención o pronunciamiento.


3) Casos concretos (hemos llevado más de 5 en el Supremo, 8 en Audiencia Nacional, 20 en TSJ de distintas autonomías, >60 en Juzgado de Instancia y Audiencias Provinciales en 2020 y 2021)

1. Tribunal Supremo: Estado de Alarma. Se consigue expediente judicial que el Tribunal Supremo se niega a entregar a las partes. Se trata de un documento de 120 páginas que no puede justificar un estado de alarma y que se mantiene oculto a la población a pesar de que lo hemos solicitado por todas las vías posibles.


2. Tribunal Supremo: Mascarillas. El Gobierno no entrega ni un solo documento justificativo de la necesidad y pertinencia del uso de mascarillas. El Tribunal Supremo no adopta medidas cautelares porque se trata de una “ley muy generosa” con exenciones muy amplias. Termina el pleito justificando la necesidad de las mascarillas sin prueba alguna.


3. Tribunal Supremo: Fumigaciones. El Gobierno no entrega ningún documento justificativo de las fumigaciones. Se trata de hacer ver que es un bulo pero se aportan las sustancias para fumigación y el alquiler de drones. Lo niegan todo y se desestima la demanda.


4. Tribunales Superiores de Justicia: Se retrasan e impiden pleitos contra las medidas de las Comunidades Autónomas. Todos saben que las Comunidades carecen de competencias y por eso aprueban la modificación de la ley jurisdiccional y finalmente se aprueba en noviembre del 2020 un nuevo de estado de alarma ilegal, que concede a las autonomías la competencia que la constitución no otorga y que se prorroga automaticamente hasta mayo de 2021.


5. Tribunales Superiores de Justicia: Confinamientos. Se toma una dinámica procesal obstativa y antigatrantista mediante la cual se hace imposible el recurso de los confinamientos masivos de poblaciones. La justificación es a través de datos cocinados y sin contradicción. Emplean un “procedimiento superespecial” inexistente en el que los afectados no pueden personarse como parte.


6. Juzgados de Instancia en casos de confinamiento particular: Los confinamientos por pcr positivo o por contacto estrecho se toman sin el correspondeinte procedimiento administrativo y las garantías de recurso y prueba. Los Jueces autorizan estos confinamientos personales sin escuchar la parte afectada. Cuando llevamos el asunto a la Audiencia Provincial en apelación, el pleito siempre termina muchos meses después del confinamiento.


7. Juzgados de Instancia en casos de autopsia: Se dirige a las familias alos juzgados de instrucción, cuando la jurisdicción competente es la contencioso administrativa. Las familias no son parte en el proceso penal y no existe objeto para la misma por lo que casi nunca se practica autopsia, las autopsias son mínimas y los familiares no pueden disponer de muestras.


8. Juzgados de Instancia en casos de vacunas: Se establece un plan de vacunación informal. El Gobierno publica un plan de vacunación de 18 páginas que no tiene rango legal y no es más que una nota de prensa. Se coacciona a las residencias de ancianos para que demanden a los ancianos que no se vacunen y los llevan a un procedimiento de jurisdicción voluntaria.

  • 1. Se notifica a las familias por sms o por whatsapp.

  • 2. Se les niega el Decreto de Admisión

  • 3. Se les impone un trámite sumarísimo en el que no se pueden defender ni conocen las normas procesales.

  • 4. Se les niega la información relevante.

  • 5. Se falsifican informes forenses en los que se afirma que “los beneficios superan os riesgos” cuando no se conocen los riesgos y tampoco está acreditados los beneficios.

  • 6. Se admite como demandante a personas jurídicas sin capacidad, sin legitimación y sin interés directo y se llega al dislate de reconocer a las “residencias” la posición de “guardador de hecho” de los ancianos.

9. Juzgados de instancia en casos de absentismo escolar. Muchos jueces reconocen no entender la situación pero se encuentran vinculados a decisiones de la Junta de Jueces. El derecho penal funciona en base a unos principios que está siendo ignorados. El principio de última ratio dice que solo se despliega acción penal cuando no existen otros recursos disponibles. En el caso del absentismo, la administración y la jurisdicción Contencioso administrativa son las pertinentes para resolver los problemas del absentismo y que deben dar garantías previas a niños y padres. La Administración elude las garantías y van hacia la vía de la amenaza y el terror de quitar la patria potestad. Otro principio es el de mínima intervención por el que solo debe llegar al contexto penal aquellas situaciones de espacial gravedad que en ningún caso se puede relacionar con el absentismo.


10. Juzgados de Instancia en casos de detenciones por no uso de mascarilla o desobediencia a las normas impuestas. Las detenciones son ilegales, falsarias y sin garantías prolongadas mucho más de lo razonable. Los jueces aceptan este “protocolo” y casi siempre se absuelve a los detenidos porque el objetivo es crear terror y condicionamiento. Impiden con estas absoluciones que los detenidos lleguen a un nivel de la jurisdicción más elevado donde puedan plantearse cuestiones de derechos humanos.


11. Juzgados de Instancia en casos de tratamiento involuntario e internamiento: En este sentido ocurre una cuestión muy curiosa: Los pleitos se ralentizan pero en el momento en el que se inician los pleitos, los enfermos terminales reviven. Hay más de 120 ensayos observacionales y unos 20 ensayos clínicos autorizados en los hospitales españoles sin que los pacientes sean conscientes de que están siendo objeto de experimentación.


12. Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación a la protección penal de las personas mayores. Se acusa a los denunciantes la oportunidad de una investigación prospectiva absurda pero la realidad es que

  • 1. Has planes escritos para sedar y dar fin a los ancianos enfermos.

  • 2. Hay una cifra escandalosa de 40.000 ancianos fallecidos por causas no infecciosas sino por mala praxis.

  • 3. Se han distribuido vacunas con adyuvantes peligrosos e incluso 300.000 dosis de una vacuna de Sanofi-aventis que carece de permiso nacional y europeo de comercialización, destinadas exclusivamente a ancianos institucionalizados...

Conclusiones
  1. No estamos ante un Estado de Derecho Constitucional con garantías.

  2. Estamos en una guerra irregular (casi sin armas tradicionales), con un componente económico y político en una fase avanzda.

  3. La Guerra Mundial no ha empezado en 2020.

  4. Lo que ha ocurrido en 2020 es una fase avanzada de la guerra

  5. En España podemos suponer que el primer gran ataque o "desembarco" se produjo con los atentados de Atocha. Hay un antes y un después de esos atentados. En ese momento se quebró una democracia corrompida que dio paso a una dictadura parlamentaria que en 2020 se transforma en un régimen absolutista (todo para el pueblo pero sin el pueblo) y totalitario (todo al servicio del poder).

  6. La UE se ha quitado la máscara y se ha mostrado como lo que era desde un inicio su proyecto político: Una europa burocrática y no democrática.

  7. La principal arma en esta guerra no son los virus, ni el grafeno ni el 5G que está distrayendo a la población, sino LA DEUDA.

  8. El principal objetivo de esta guerra es reducir el planeta a unos pocos países (de 7 a 9) donde exista una extricta política de control (FASCIOCOMUNISMO) que se disfraza de "4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL", donde desaparece toda democracia y se digitalizaría y controlaría la existencia de cualquier bien de producción.

  9. La digitalización de la identidad humana va en el sentido de MARCAR EL GANADO, y seleccionarlos para distintas tareas, e incluso para proveer su eliminación.

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