Nos oponemos a una vacuna obligatoria que pretende el gobierno.

 

Porque es contraria a todo derecho:

  • Porque a nadie se le obliga a recibir un tratamiento o fármaco sin una información veraz y sin su previo consentimiento informado. Y un consentimiento informado requiere transparencia y una información veraz y ello desaparece en relación a la vacunación cuando desde el propio Ministerio de Sanidad se niega a la población una información veraz y real de todos los efectos secundarios que pueden tener las vacunas y cuando ello ocurre es anulado todo consentimiento informado. Lo cual es contrario a todo principio bioético.

  • Porque discriminar y estigmatizar a una persona por sus datos médicos, y negarle por ejemplo el derecho a reunión, al trabajo o a la educación, es contrario a todo derecho, atenta directamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a la ley nacional europea de protección de datos. A nadie se le niega el derecho al trabajo, por ejemplo, por negarse a recibir un tratamiento para la hipertensión o para el cáncer. Es totalmente ilegal, y también lo es en el caso de la vacunación, sería violar derechos fundamentales de la persona.

  • Porque implantar un microchip que controle los datos médicos de una persona, como si fuéramos animales o ganado, atenta contra la dignidad de las personas, sus derechos fundamentales, incluido su derecho a la protección de datos.

  • Porque el dueño de la farmacéutica que asegura tener la vacunación más avanzada es el mismo del a compañía que quiere imponer un microchip para el control mundial de la población, y ello supone clarísimamente un conflicto de intereses no declarado y una falta de transparencia total en dicha propuesta, siendo el único beneficio real el lucro económico de estas dos empresas.

  • Porque todo fármaco exige un proceso de pruebas de seguridad que para la realización adecuada del mismo requiere su realización durante años. Un fármaco, que sale al mercado con un solo año de prueba, ha tenido necesariamente de acortar y eliminar pruebas y estándares de seguridad, si no es materialmente imposible. Lo cual invalida toda garantía de seguridad. Y ello incluye a las vacunas. A nadie se le puede obligar a recibir un fármaco, y mucho menos si no hay garantías reales de su seguridad.

  • Porque no es cierto que las personas que optan por no recibir una vacuna sea un riesgo para las personas que optan por recibirla. Si la vacuna verdaderamente funciona, la persona que la recibe queda inmunizada, y no supone para ella ningún riesgo la exposición a germen sea cual sea su fuente. Y si la vacuna no funciona la persona y la persona no queda inmunizada, no se puede responsabilizar de ello a las personas no vacunadas, si no a la propia vacuna.

  • Por todo esto, nos oponemos a una ley obligatoria de vacunación del gobierno.

  • Defendemos la libertad de cada ser humano a optar o no por una vacunación concreta y que en ambos casos esa información sea privada y no sea utilizada para la estigmatización social y la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas, porque no estamos en una dictadura, donde se generan leyes totalitarias, si no en un Estado de Derecho.

Esta petición está patrocinada por

Luis de Miguel Ortega

y la asociación de consumidores ACUS

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