SOBRE LA CORRUPCION Y EL
CORONAVIRUS
marzo 26, 2020
La Ley 9/2003, de 25 de abril, establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente.
La utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente
debe llevarse a cabo de forma que se limiten sus posibles efectos negativos
para la salud humana y para el medio ambiente y que debería prestarse la
debida atención a la prevención de accidentes y al control de los residuos, y
si se liberan en el medio ambiente en un Estado miembro durante el
transcurso de su utilización confinada, los microorganismos pueden
reproducirse y extenderse atravesando las fronteras nacionales y afectando
por consiguiente a otros Estados miembros.
Pues bien, esto que parece el culmen del progreso tecnológico no es nada
más que el síntoma más evidente de degradación social, que viene
ejecutándose desde hace ya tres décadas a espaldas de la población y que
constituye un riesgo del que nadie se hace responsable.
La directiva europea Directiva 90/219/CEE del Consejo de 23 de abril de
1990, nos muestra bien a las claras que existen dos tipos de actividades
“consentidas”.
Operación de tipo A, que es cualquier operación destinada a la enseñanza, a la investigación, al desarrollo o a fines no industriales o no comerciales, y que se efectúe a pequeña escala (por ejemplo con un volumen de cultivo inferior o igual a 10 litros);
y la operación de tipo B, consistente CUALQUIER operación distinta de las de tipo A; Lo que se viene a reconocer es que toda actividad de modificación genética de microorganismos es posible.
En una frenética orgía de investigaciones que nadie se esfuerza en justificar y que consumen una gran cantidad de recursos económicos públicos y privados y que nos ponen a todos en riesgo, aparecen con demasiada frecuencia sospechas de la utilización de estas tecnologías en sabotajes económicos, industriales, políticos y militares, e incluso para la promoción de negocios farmacéuticos.
Al mismo tiempo, son las primeras que ante una catástrofe sanitaria (sida, ébola, zika, etc.), vuelven a consumir grandes cantidades de dinero para investigar como curarnos o protegernos. El negocio redondo.
Y es evidente que estamos ante un negocio redondo porque con cada vez más frecuencia nos enfrentamos a novedosas amenazas biológicas nunca vistas en la historia de la humanidad. Queda claro que la mera existencia de estos laboratorios, amparados por los
políticos a través de normas que permiten cualquier locura, es una amenaza para toda la humanidad. Y en ese caso estamos, puesto que no faltan las sospechas de que este nuevo virus que muta a una velocidad desconocida (prueba de ello es que las tasas de mortalidad, población diana y síntomas son muy variables en diferentes regiones del mundo), no sea una casual mutación de un coronavirus de murciélago vendido en un mercado de mariscos de Wuhan, sino fruto de una liberación accidental o intencionada desde una laboratorio.
El primer indicio lo tenemos con la declaración de patente propiedad del Instituto Pasteur, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS) y la Universidad París VII , con el número EP 1 694 829 B1 en fecha 2 de diciembre de 2004. Esta patente atribuye derechos a los titulares sobre una “invención” de una nueva cepa de coronavirus asociada con el síndrome respiratorio agudo grave (SARS), de una muestra tomada en Hanoi (Vietnam). También reconoce derechos sobre moléculas de ácido nucleico de su genoma, proteínas y péptidos codificados por dichas moléculas de ácido nucleico, y
así también a sus aplicaciones, en particular como reactivos de diagnóstico y como vacuna. Este es solo un ejemplo del uso de tecnología que puede constituir un riesgo para la población y que es más frecuente de lo que la población puede conocer. A las claras, investigadores, son propietarios de gérmenes patógenos y del aprovechamiento de ellos, es decir, viven de ello.
El origen de este coronavirus causante del SARS, es tan desconocido, como el origen del SIDA, la gripe aviar, la gripe porcina, el virus zika... y ahora el coronavirus chino. Siempre se le ha echado la culpa a los animales que portaban amablemente el virus en su cuerpo y a los propios virus que han mutado espontáneamente, eso sí, tomando como nuevo huésped casi siempre a la especie humana y no a otro animal -que casualidad-.
El segundo de los indicios lo encontramos en el trabajo de investigación publicado en febrero de 2020 por investigadores de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Indio de tecnología y de la Universidad de Delhi. El trabajo se titula “Extraña similitud de las inserciones únicas en la proteína de punta 2019-nCoV con el VIH-1 gp120 y Gag” y se afirma en el mismo que “El hallazgo de 4 inserciones únicas en el 2019-nCoV, todas las cuales tienen identidad/similitud a los residuos de aminoácidos en las proteínas estructurales clave del VIH-1 es poco probable que sea de naturaleza fortuita. Este trabajo proporciona conocimientos aún desconocidos sobre el 2019-nCoV y arroja luz sobre la evolución y la patogenicidad de este virus con importantes implicaciones para el diagnóstico del mismo”.
“Sorprendentemente, cada una de las cuatro inserciones se alineaban con segmentos cortos de las proteínas del Virus de Inmunodeficiencia Humana- 1 (VIH-1) …/... el hecho de que los tres compartan la identidad o similitud de aminoácidos con la gp120 del VIH-1 y la Gag del VIH-1 (entre todas las proteínas virales anotadas) sugiere que no se trata de un hallazgo fortuito”.
Lo sorprendente para los investigadores es que estas inserciones de secuencias no se observaron en ningún otro miembro de la familia Coronaviridae y resulta bastante improbable que un virus haya adquirido tales inserciones únicas de forma natural en un corto período de tiempo.
Estas “inserciones” improbablemente naturales o evolutivas, añaden una ventaja adicional de supervivencia e infectividad del virus. A falta de explicaciones convincentes, no parece probable que un virus mutase de esa forma dentro del cuerpo de un murciélago y que casualidades de la vida todo ello haya puesto patas arriba la estabilidad social de todo el mundo.
Entre otras cosas porque nadie ha encontrado al murciélago o grupo de murciélagos portadores de dicho virus. Por cierto, la publicación ha sido retirada -casualidad- sin que se conozcan los motivos y sin que existan estudios o publicaciones que desvirtúen o contradigan los hayázgos.
El tercero de los indicios lo tenemos en uno de los primeros estudios publicados sobre esta nueva infección. El 24 de enero se publica en el Lancet uno de los primeros estudios sobre los primeros pacientes, donde se reconoce que el 66% estuvo expuesto al mercado de mariscos de Wuhan, pero el resto no. Lo que sí tenemos es un centro de biotecnología que trabaja con coronavirus junto a la ciudad de Wuhan. El coronavirus chino aparece en diciembre de 2019 justo después de la realización de un simulacro de pandemia en el foro de Davos. El objetivo del ejercicio realizado en Nueva York era planificar la respuesta de ciertas transnacionales y gobiernos ante una pandemia de coronavirus, cuando nada hacía sospechar el inicio de la epidemia por coronavirus a inicios de diciembre en China. Participa en el ensayo George Gao, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la República Popular China, protagonista de la “premiere” y de los primeros estudios y hallazgos científicos. Participa como no, la Fundación Bill & Melinda Gates, promotor de teorías eugenésicas y de vacunaciones masivas sin pruebas de seguridad, el Banco Mundial y otras entidades relevantes como Johnson & Johnson.
Es decir, todo apunta a que esta pandemia no sea casual, sino parte de un
plan que se ejecuta con pasos ordenados:
(1) creación de distintas cepas un virus en un laboratorio mediante la inserción de proteínas de otro virus para dotarlo de infectividad, predilección por los seres humanos y gravedad de síntomas;
(2) Liberación de las distintas cepas en distintos países (hay grandes diferencias de infectividad y mortalidad entre los distintos países);
(3) Campaña de comunicación para transmitir inquietud y pánico incluso en los momentos en los que la gravedad y extensión no hacía sospechar una pandemia. Todos los medios de comunicación mostraron mensajes ambiguos de tranquilidad y pánico, con muy poca información y muchas opiniones -típico de fake News-; Todos los medios ponen como ejemplo de estado eficaz y eficiente a la República genocida China y todos sin excepción aplauden su tecnología para construir hospitales en tiempo récord mientras los llenaba con profesionales a punta de pistola y dejaba morir a sus ciudadanos por las calles;
(4) En un primer momento, todos los países se ponen de acuerdo en repatriar a sus ciudadanos que están en China, algo absurdo en el contexto de una infección contagiosa. Parece haber una intención en que exista una rápida diseminación;
(5) se critican las medidas de cierre de fronteras o de cuarentena, al tiempo que se sigue con la campaña de alarma.
(6) Hay un empeño por parte de las autoridades sanitarias en engordar las cifras de infectados y fallecidos al tiempo que se hacen planes para conseguir una vacuna y se autorizan actos públicos masivos.
(7) Los países toman antes medidas de tipo económico antes que sanitarias.
(8) Todos los países se obsesionan por la búsqueda de una vacuna y disponen normas legales para facilitar su investigación y la vacunación involuntaria.
(9) En casi todos los países se inician medidas de confinamiento de toda la sociedad, así como el aislamiento de los enfermos de sus pacientes con el empleo de distintos remedios farmacéuticos no protocolizados, constituyendo el mayor experimento y ensayo clínico involuntario de la historia de la humanidad.
(10) Obsesiva es en todos los países la búsqueda y censura de “noticias falsas”.
Frente a pretendidas noticias falsas no se oponen datos sino clichés y consignas políticas y comerciales. "Orden en el caos”, parece ser el lema que inspira esta nueva guerra muy económica en medios y muy cara en consecuencias para los ciudadanos: ruina económica, restricción de derechos y control social.
En esta situación tarde y mal, se impone un estado de alarma sin ninguna explicación ni justificación. Se realizan manifestaciones incoherentes y desordenadas en las webs del Ministerio de Sanidad pocos días antes de la declaración del estado de alarma, y vemos
con estupor que esas medidas que parecen tan improvisadas e incoherentes, han estado siendo preparadas desde hacía más de un mes -desde el 2 de febrero cuando menos- sin que la población lo supiese. En ese espacio de tiempo, se suceden proyectos de ley, se paraliza la ley de presupuestos generales, y existe una insólita y atropellada publicación de nombramientos y estructuraciones orgánicas de departamentos ministeriales.
Sin presupuestos generales y por una situación de “urgencia”, arbitrariamente y sin lo dispuesto por la Constitución y la Ley General Presupuestaria, el Gobierno anuncia la inyección de 200.000 millones de euros para dotar de liquidez al sistema y “reforzar” el sistema sanitario. Lo que inyecta el presidente no es liquidez sino deuda, una deuda de 4.000€ por habitante.
Esta mala gestión de la crisis costará a cada habitante 4.000€, más los daños y perjuicios que sufra, más el dinero y derechos que pierda. En total una factura muy cara gracias al abuso y la malicia del Gobierno.
Pero aun hay más. El estado de alarma ni está justificado desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista sanitario. El Gobierno ha tomado el atajo y se ha empeñado en comportarse como si fuese el mismísimo Gobierno Chino, centralizando compras, centralizando gestiones, designando mandos únicos, limitando los derechos
fundamentales de las personas, ocultando datos, sacando al ejército a la calle, construyendo un estado policial bajo normas arbitrarias, e instalando una inmensa maquinaria de secuestro médico y sanitario, donde los pacientes no tienen elección en cuanto al diagnóstico, el tratamiento, el aislamiento, la sedación o la sepultura: Todo lo deciden los funcionarios bajo instrucciones políticas precisas que nadie se ha molestado en escribir ni comunicar a la población.
En esta frenética y delirante lucha contra el “virus” la maquinaria de ensayos y experimentos con seres humanos sin su consentimiento se ha puesto en marcha, algo sin precedentes en la historia de la humanidad, mientras se persigue cualquier alternativa como el dióxido de cloro, la vitamina C en grandes dosis, la planta artemisia, y otros remedios. Inmediatamente, la misma maquinaria que construyó un estado de pánico en la población, se lanza a luchar contra toda alternativa y toda libertad personal. Lo importante para los políticos y los medios de comunicación no son los pacientes sino que no se colapse el sistema sanitario -para no hacer el ridículo- y que se les permita gastar todo lo que quieran y hacer negocios con distintas empresas farmacéuticas que nos den tratamientos y vacunas sin garantías.
Detrás de todo esto está una voluntad política por practicar una absoluta eugenesia, control social y gobierno totalitario.
El Tribunal Supremo, la falta de transparencia y el desvío de poder.
abril 28, 2020
El 10 de marzo pedimos explicaciones al Ministerio de Sanidad y poco más tarde a la Vicepresidencia del Gobierno, exigiendo la mínima y esencial información sobre las causas del estado de alarma. Nada contestaron. El 24 de marzo dimos entrada de una escrito de interposición de un
procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo. Gracias a este procedimiento, el 2 de abril se requirió al Gobierno para que entregase el expediente administrativo que precedía al
decreto de alarma.
Pues bien, estamos acabando el mes de abril y nadie nos ha hecho llegar nada. Hemos denunciado la preclusión del plazo, el fraude procesal y el comportamiento de algunos funcionarios y nada.
Ese es el respeto que tiene este Gobierno y su Administración de Justicia con los ciudadanos.
Mientras la mayoría de los medios de comunicación apoyan las medidas del Gobierno y jalean y criminalizan a los “desobedientes”, lo cierto es que ninguno de ellos ha hecho el mínimo ejercicio de investigación, ni tienen ni un solo documento que justifique el estado de alarma.
Lo cierto es que además, a algunos se nos criminaliza y se nos llama antivacunas y terraplanistas, y se nos acusa de defender pseudociencias, cuando lo cierto es que la mayor parte de los medios de comunicación se han convertido en medios de propaganda de intereses políticos y económicos, sin el mínimo ejercicio de investigación y sin la mínima
autocrítica.
¿Será porque viven de muchos favores del Gobierno? ¿Será por sus vínculos con instituciones “filantrópicas” como el Poynter Institute manejado y financiado por las élites más oscuras -El amigo de Sánchez Sr. Soros y compañía- y encargada de ejercer la censura más obscena jamás vista a través de engendros como la “Agencia EFE”, “Newtral S.L.” y la pseudoasociación “Maldita”?
¿Dónde están los documentos técnicos, científicos, jurídicos y económicos que justifican el estado de alarma? Yo no los tengo y los medios de comunicación tampoco. Los medios de comunicación que validan las informaciones del Gobierno y de la OMS sin hacer la mínima
comprobación, se convierten en medios de propaganda, no de información.
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal. Debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía.
Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas; y la Transparencia reactiva que es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información y el derecho a recibir una respuesta documentada y
satisfactoria. "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de
derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia.
En el ordenamiento jurídico español ya existen normas sectoriales que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. En materia de contratos, nuestro país cuenta con un destacado nivel de transparencia. Sin embargo, esta regulación resulta insuficiente en la actualidad y no satisface las exigencias sociales del momento. Por ello, con la Ley de Transparencia se avanza y se profundiza en la configuración de obligaciones de publicidad activa que se entiende, han de vincular a un
amplio número de sujetos entre los que se encuentran todas las entidades del sector público que, por su condición de perceptores de fondos públicos vienen obligadas a reforzar la transparencia de su actividad.
El Gobierno, las Administraciones y los Jueces, no solo no están poniendo a disposición de los ciudadanos la información necesaria para establecer un juicio de valor sobre el acierto o desacierto del estado de alarma perpetrado, sino que están actuando con negligente contumacia a la hora de impedir que la población reciba información veraz.
Han pasado casi 50 días desde que hicimos la primera petición de información oficial al Gobierno, y nada tenemos por el momento.
El 28 de abril a primera hora, hemos reclamado de nuevo el expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y tienen dos días para hacer entrega. Ya sabemos qué políticos tenemos en este país y en unos días confirmaremos la categoría de los jueces que dicen defender la legalidad y a los ciudadanos en nombre del
Rey.