La Audiencia Provincial protege las declaraciones de CCDH y CCHR por la libertad de expresión y el interés general en la salud.
La SEP (Sociedad Española de Psiquiatría) demandó a las entidades CCDH España y CCHR Internacional (por una supuesta intromisión en el derecho al honor de los psiquiatras, en el contenido de las páginas web y documentación en las que se ofrece amplia información sobre actividades inmorales e ilegales llevadas a cabo por miembros de esa profesión en el mundo.
La demanda de la SEP pretendía “amordazar” a CCDH y CCHR impidiendo la expresión de sus informaciones veraces y opiniones, pero en una sentencia recientemente publicada del 10 de febrero de 2023 de la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, la justicia ha estimado el recurso de las demandadas, reconociendo su derecho a la libertad de expresión y derecho a la información y condenando en las costas de la primera instancia a la SEP.
“Al revisar este artículo (dice el Tribunal) es cierto que encontramos una crítica más ácida, quizás porque esté en juego el internamiento involuntario de las personas. Se vuelve a negar la base científica de la psiquiatría (como pseudociencia no ha conseguido validar ni una sola hipótesis sobre ninguna enfermedad psiquiátrica presuntamente conocida) y, abundando en la idea de que la medicación nunca llega a curar la enfermedad o el trastorno, se denuncia que la psiquiatría se haya convertido en un sistema de control social, con manifestaciones autoritarias como el internamiento involuntario […]; Seguimos pensando que nos encontramos ante un conflicto en el que debe prevalecer la libertad de expresión, pensamos que las afirmaciones que se contienen en el artículo son meras consecuencias o deducciones de principios ya defendidos por las diversas corrientes antipsiquiatría que existen…”
CCDH, reconocida de utilidad pública, y CCHR tienen como objetivo la erradicación de las violaciones de los Derechos Humanos en el campo de la salud mental, tal y como solicita la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la propia Organización Mundial de la Salud, y están manifiestamente en contra de procedimientos usados en hospitales psiquiátricos tales como el electroshock (sobre todo cuando son sin consentimiento), el internamiento involuntario o la contención forzada ya sea química o mecánica, procedimientos que han sido tratados por la ONU como formas de tortura que deben ser restringidas y abolidas.
Mientras algunos quieren que parezca que CCHR y CCDH fuesen las únicas entidades criticas hacia lo denuncian sucede en el campo de la salud mental, existen muchas otras organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones internacionales, que critican con dureza y sin tapujos los abusos que se siguen cometiendo en el Siglo XXI, incluso en los países más desarrollados económicamente. Por ejemplo, el 14 de mayo de 2018, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, en su Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
“Las instituciones psiquiátricas, como todos los entornos cerrados, generan exclusión y segregación, y el ser forzado a una constituye una privación arbitraria de la libertad. También son, a menudo, el lugar de prácticas abusivas y coercitivas, así como de violencia que potencialmente equivalen a tortura” […] “El tratamiento forzado – incluyendo medicación forzada y tratamiento electroconvulsivo forzado, así como la institucionalización forzada y la segregación – ya no se debe practicar.»
Dice la Audiencia Provincial también respecto a uno de los contenidos:
“Las supuestas ofensas provienen de una afirmación que no admite discusión, cual es que se siguen practicando internamientos forzosos e involuntarios y prescribiendo tratamientos sin contar con el consentimiento de los pacientes, y de unas frases emitidas por el historiador médico Edward Shorter en su libro “A History of Psychiatry” y por Thomas Szasz uno de los fundadores, como ya dijimos, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos creada en Los Ángeles, y psiquiatra emérito de la Universidad de Syracusa.”
Invitados como oradores especiales a la sesión de inauguración de marzo 2023 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en Ginebra, el Presidente de CCDH España, informó a los miembros del Comité (CDPD) que CCDH ha “llevado a cabo acciones para elevar la consciencia sobre los graves riesgos” que conllevan ciertas actuaciones que condonan los tratamientos e internamientos psiquiátricos despojando así a muchas personas de sus derechos humanos y que CCDH seguirá “haciendo lo que esté en nuestras manos para que no se retroceda en el reconocimiento de los derechos de las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicosocial”.
La Sociedad Española de Psiquiatría demanda a CCDH por un artículo que escribí y firmé yo bajo mi responsabilidad.
Por supuesto que nadie me mencionará ni me agradecerá nada, pero esta fue mi aportación en un pleito al que nadie me llamó.
Don Luis de Miguel Ortega, Abogado en ejercicio nº 4587 del ICA de Alcalá de Henares y enfermero nº 5656 del ICE de Burgos, en tiempo y forma comparece y dice:
Que en relación a distintas manifestaciones realizadas por escrito, las mismas se hacen en el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a informar y el derecho a ser informado.
Que todas las manifestaciones se corresponden a la experiencia real del autor como enfermero, como abogado y como responsable de una asociación de consumidores dedicada a la defensa de los ciudadanos frente al abuso médico entre otros.
Que todas las manifestaciones cuestionadas forman parte de las conclusiones personales y profesionales alcanzadas tras la asistencia de cientos de casos de abuso psiquiátrico, no siendo simples generalizaciones sino la manifestación de casos concretos que han sido parte de reclamaciones patrimoniales o de procesos judiciales y por lo tanto existe información disponible que las justifica.
“La psiquiatría (...) sirve una maquinaria de control social que a veces se convierte en agente de la venganza social y política”.
Muchos de los procesos de incapacitación observados se deben a abusos parentales, violencia doméstica o problemas con herencias. Se han detectado casos abundantes de todo ello y la práctica generalizada es la de obviar los problemas sociales y familiares sin la más mínima intervención. Son hechos constatados a través de casos. Es una práctica habitual psiquiatrizar los problemas sociales, y tan es el caso que el Alto Comisionado de Naciones Unidas en temas de discapacidad ha dictado resoluciones al respecto.
“El Psiquiatra rompe su juramento hipocrático…”.
El psiquiatra con demasiada frecuencia ejerce una función que no está al servicio del paciente sino al servicio de la “seguridad”. El médico se debe al paciente seguía el Juramento Hipocrático. Cuando el médico impone, colabora o ayuda a aplicar tratamientos involuntarios en contra de los intereses del paciente, rompe de manera inequívoca ese juramento hipocrático. Los tratamientos involuntarios contravienen ese juramento. Pocos son los psiquiatras que no soliciten, autoricen, consientan o colaboren con tratamientos involuntarios.
“La psiquiatría como pseudociencia y como ideología totalitaria debe verse auxiliada por la fuerza y la coerción, y no tiene aliados en la ciencia o en la moral, sino en los jueces y fiscales al servicio del estado y del «interés general»”.
No hay ni una sola evidencia científica de que exista ni una sola de las enfermedades psiquiátricas. Se trata de cuadros nosológicos que no se corresponden con evidencias físicas, genéticas o biológicas. Es decir, es una pseudociencia. La pseudociencia o seudociencia (en griego: Ψευδοεπιστήμη, romanización: Psevdoepistími; ‘falsa ciencia’) es aquella afirmación, creencia o práctica ('pseudoterapia' o 'falso tratamiento') que es presentada como científica y fáctico, pero es incompatible con el método científico. La psiquiatría es incompatible con el método científico ya que no existe ni una sola prueba que permita comprobar mediante cegado, que una persona padece o no una patología de las llamadas psiquiátricas. El apoyo institucional que recibe la psiquiatría por los operadores jurídicos se basa en criterios de orden público que nada tienen que ver con la ciencia.
“El psiquiatra es quien de forma absolutamente ilegal envía un fax al juzgado para solicitar un internamiento involuntario, por causas falsa[sic] sin urgencia necesaria, ante medidas menos restrictivas e incluso por cuestiones de ego como «no viene a mi consulta desde hace meses»”.
Esta es una práctica habitual que no es necesario aclarar. Forma parte de la experiencia y de la constatación del casos reales y es la práctica habitual para internar involuntariamente a una persona. En la práctica habitual, se hace pasar por internamiento urgente lo que es un internamiento de conveniencia, transgrediendo los límites de la legalidad ordinaria y procesal.
“Hay un número indeterminado de abortos coactivos en España a manos de psiquiatras que no quieren que los ciudadanos veamos la catástrofe que le pasa a un niño cuando nace después de haber estado sufriendo la medicación psiquiátrica que tomaba la madre”.
Esta es una afirmación constatada por casos documentados que podemos exponer salvaguardando la identidad de las afectadas pero que son una realidad. Es una realidad la coacción para abortar y es una realidad el efecto pernicioso de la medicación psiquiátrica en los embriones y fetos que no es necesario justificar en este momento.
“[E]l diagnóstico psiquiátrico es mera pseudociencia y asqueroso juicio de valor.
El diagnóstico psiquiátrico es una pseudociencia porque se basa en la mera opinión de un supuesto profesional, no basado en pruebas médicas, biológicas, genéticas., metabólicas o de imagen. No existe forma alguna de comprobar si el diagnóstico es certero o no y este es el debate eterno en todos los foros judiciales. Creemos en el informe pericial o en el psiquiátrico porque damos presunción de veracidad al informe, pero no porque se pueda comprobar con prueba alguna. Reputar que un niño tiene un síndrome de hiperactividad sin ninguna prueba es un juicio de valor asqueroso en tanto en cuanto puede condicionar, deteriorar o incluso destruir experiencias de la infancia que son necesarias. Llamar psicótica a una persona intoxicada por drogas no deja de ser más asqueroso.
Para que conste.
Y esta es la publicación original de la que no puedo quitar una coma:
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“La psiquiatría es esa profesión médica incapaz de hacer un diagnóstico basado en evidencias, que utiliza medicamentos sin base científica y cuya seguridad no está garantizada y que lejos de servir al paciente, sirve a una maquinaria de control social que a veces se convierte en agente de la venganza social y política.
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El Psiquiatra rompe su juramento hipocrático y deja de ser el curador del paciente para ser el vigilante del orden social, pasa de velar por el bienestar del paciente a ser “policía del bienestar de la sociedad”, con el antiguo pretexto de que el loco es peligroso y necesita corrección y aislamiento. Ya lo decía la ley de internamientos de la República Francesa en 1837 -la primera-, que nacio para proteger a la sociedad de los locos e inmorales.
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La psiquiatría como pseudociencia no ha conseguido validar ni una sola hipótesis sobre ninguna enfermedad psiquiátrica presuntamente “conocida”.
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Se desconocen las causas de cualquiera de las enfermedades (mentales), la evolución o el pronóstico y cuando algún científico se le ocurre relacionar la enfermedad mental con problemas metabólicos, intoxicaciones, vacunas, parasitosis o infecciones, aparece la censura inquisitorial para apagar la ciencia: “Estamos muy contentos con nuestra pseudociencia. No molesten.”
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La psiquiatría como pseudociencia tampoco es capaz de explicar como las neurotoxinas que llaman tratamientos, son capaces siquiera de mejorar la situación de un enfermo. No hay controles de farmacodinámica ni de seguridad. De hecho ningún paciente se cura con esos venenos y a lo más que se llega es a adormecer la conciencia y evitar conductas sociales displicentes o incómodas, eso sí, reduciendo de media en 20 años la esperanza de vida de los pacientes y exponiéndoles a graves riesgos de descontrol y violencia.
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Luego dirán que el enfermo mental es peligroso y violento, cuando lo cierto es que SOLO los enfermos en tratamiento son a veces violentos.
No conozco ningún caso de una enfermedad que curse con arrancarse los ojos a uno mismo o a otro, o que lleve a una persona a estrellar un avión o a enfundarse una escopeta y disparar a la gente, pero sí que se conoce el efecto de las drogas psiquiátricas en este sentido y hay suficiente evidencia científica de que la violencia la causan las drogas psiquiátricas.
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Una paciente mía renuncio a defenderse y empezó a tomarse la medicación pautada como le habían dicho. La encontraron dormida en la ducha, bajo un chorro de agua hirviendo y tuvieron que amputarle una pierna con graves secuelas en la otra (no conozco ninguna enfermedad mental que curse con ese tipo de anestesia…).
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La psiquiatría como pseudociencia ignora y tapa los descubrimientos y análisis sobre la peligrosidad de los tratamientos, la adicción y los efectos de retirada que tantas muertes y desgracias causan e ignoran los estudios científicos de las muertes que se han acreditado.
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El gran problema de la medicación es que es tan peligrosa cuando se toma que cuando se deja de tomar -mono-, pero siempre hay un psiquiatra dispuesto a afirmar que el problema es el enfermo. Tapan, en el colmo del esperpento, los fraudes de la industria farmacéutica que sistemáticamente miente y esconde los resultados negativos, como los casos de suicidios inexplicables de gente sana durante ensayos o que nunca había tenido ideas suicidas.
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La psiquiatría como pseudociencia y como ideología totalitaria debe verse auxiliada por la fuerza y la coerción, y no tiene aliados en la ciencia o en la moral, sino en los jueces y fiscales al servicio del estado y del “interés general”. El psiquiatra se convierte en policía con bata y se empeña en entrometerse en la vida privada de los pacientes aun sin el consentimiento de los mismos.
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El psiquiatra es quien de forma absolutamente ilegal envía un fax al juzgado para solicitar un internamiento involuntario, por causas falsa, sin urgencia necesaria, ante medidas menos restrictivas e incluso por cuestiones de ego como “no viene a mi consulta desde hace meses”. El psiquiatra es la única persona que sin ser parte de un procedimiento, lo inicia y lo mantiene y no necesita ni abogado ni procurador para conseguir una resolución judicial que le favorezca. El psiquiatra es capaz de enviar un fax a un juzgado para solicitar que la policía entre en un domicilio para detener a un paciente que no quiere tomar la medicación, o que traslada a un paciente de madrugada en helicóptero, para hacer imposible las visitas de sus familiares.
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El psiquiatra es ese “profesional” que puede coaccionar y amenazar a una paciente psiquiátrica para que aborte y hacerlo incluso sin su consentimiento “por el bien de la madre y el bebé”. Hay un número indeterminado de abortos coactivos en España a manos de psiquiatras que no quieren que los ciudadanos veamos la catástrofe que le pasa a un niño cuando nace después de haber estado sufriendo la medicación psiquiátrica que tomaba la madre. Nacen con el síndrome de retirada, con el mono, en la peor de las condiciones. No es bueno que se vea lo peligrosa que es la medicación psiquiátrica, esa que nunca ha curado a nadie. En Vigo en 2016, a una cliente mía le dijeron que abortaría por las buenas o por las malas. La ingresaron involuntariamente y el resultado se lo pueden imaginar y si no se lo imaginan está documentado…
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El psiquiatra también cuenta con el apoyo de las “asociaciones de pacientes” financiadas por las farmacéuticas (TODAS) y que a cambio de ayudas reconocen lo que les manden reconocer, y el apoyo de organismos como CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), que insiste en promover legislaciones que “faciliten” el internamiento y tratamiento involuntario para mayor comodidad de los cuidadores y para mayor seguridad de la sociedad.
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Hace unos días casi me echan de un congreso de juristas sanitarios -con grave afrenta al honor en público- por decir cosas parecidas en una de mis comunicaciones. Mi comunicación era posterior a la de dos grandes juristas “funcionarios” que reconocían que “hay cosas que se hacen muy mal, pero que no se pueden hacer mejor”; “los pacientes deberían ser más agradecidos por todo lo que hacemos por ellos”.
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Hoy se publica en El Mundo un reportaje sobre “La jueza enloquecida por el comisario Villarejo”, donde se relata parte de las desventuras de esta Jueza ahora internada en un psiquiátrico de Palencia. https://www.elmundo.es/cronica/2019/08/04/5d44697521efa022268b4572.html.
En 2017 una mujer murió de una meningitis no diagnosticada después de estar atada a la cama 75 horas https://elpais.com/sociedad/2019/04/18/actualidad/1555612101_291957.html.
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En junio de 2015, fallece Toni, un chico valenciano que estaba siendo tratado por esquizofrenia y al que nunca le diagnosticaron el tumor de hipófisis que tenía y al que le dieron 28 medicamentos psiquiátricos para probar y para intentar tapar el fracaso “médico”, con 117 cambios de tratamiento y dosis que superaban con mucho las permitidas por las fichas técnicas de seguridad de los medicamentos.
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Hace unos días nos despertábamos con la noticia de que un estudiante de medicina se arrancó los ojos en plena calle e intentó arrancarse los genitales tras “haber dejado la medicación” en mayo de 2019. https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/13/5cd9281efdddfff9478b45a1.html.
Esta no es la única noticia de este tipo, ya que un interno en una unidad psiquiátrica se había “sacado los ojos” en junio de 2019. https://www.elmundo.es/andalucia/2019/06/24/5d1104d9fdddff7d888b466d.html. Y ya en 2013, un enfermo le sacó los ojos a otro en una unidad psiquiátrica de un hospital. https://elpais.com/ccaa/2013/02/04/andalucia/1360002215_730194.html
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Volviendo al caso de la jueza.
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La Juez en cuestión, fue internada en una unidad psiquiátrica sin ninguna garantía de defensa, como los 65.000 casos de internamientos y tratamientos involuntarios que se practican al año en España. No tuvo derecho a abogado, ni a defenderse ni a presentar informes. Un caso más en el que se privó de derechos fundamentales a una persona -los más fundamentales de todos- por una razón psiquiátrica y “por su propio bien”. Por su propio bien, se le privó de defensa y de audiencia y del derecho a la medida menos restrictiva e incluso al consentimiento informado.
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Por su propio bien, el Ministerio Fiscal fue parte en el procedimiento validando todas y cada una de las decisiones que tomaba el Juez, sin pensar ni por un segundo, en los derechos y garantías que se merece todo justiciable. Por su propio bien se designó “tutor provisional” figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico y que recayó, no en familiares, amigos o personas de confianza de la Juez, sino en una archipolémica fundación pública AMTA -conocida por sus abusos a discapaces-, cuando la Ley solo reconoce legitimidad de estas instituciones como última ratio, es decir, cuando no existe ninguna otra alternativa posible.
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Con frecuencia vemos en los Juzgado de Madrid que AMTA -su abogado- sin ser parte en el procedimiento de internamiento o incapacitación, se sienta en el estrado junto con el fiscal, algo que repugna la dignidad de esta profesión y de la administración de justicia.
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No solo se la interna sin garantías y se designa un “tutor provisional” ficticio y en contra de sus más elementales derechos sino que además sufre un tratamiento involuntario e indebido.
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La Juez de la que se habla no tiene la más mínima patología psiquiátrica. Puede estar estresada, cansada, o harta de su situación, pero nada de ello es una enfermedad mental, como en la inmensa mayoría de los casos psiquiátricos de España. Y digo esto sin sonrrojo, porque el diagnóstico psiquiátrico es mera pseudociencia y asqueroso juicio de valor.
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En todas las vistas en las que he podido interrogar a médicos o psiquiatras sobre la forma de establecer el diagnóstico, en ningún caso han establecido un modelo válido, mínimamente científico de diagnóstico. Se basan en su propia observación, juicios de valor infundados, manifiestamente exagerados y a veces argumentos delirantes del propio psiquiatra.
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Ni una sola prueba analítica, ni una sola prueba de imagen, ninguna prueba electrofísica, ni genética, ni mucho menos una perfilación o una psicometría -test estandarizados-, porque entre otras cosas el psiquiatra es inútil para interpretar pruebas médicas o psicológicas de verdad: no sabe. Lo que sabe es opinar. Ese es su diagnóstico.
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A la Juez en cuestión se le practicaron tres periciales de parte. Un psiquiatra, un psicólogo y un enfermero hicieron tres evaluaciones independientes que certificaron que la Juez no padecía ninguna enfermedad psiquiátrica y que algunos de los síntomas podrían ser explicados por la situación de estrés y otros por el uso indebido de medicación psiquiátrica. No obstante se prosiguió con el internamiento y se siguió con el proceso todavía inconcluso de incapacitación.
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Se mantuvo a la Juez en una residencia de ancianos, algo que no está previsto que sea posible en la ley, que en ningún caso habla de internamientos involuntarios en geriátricos, y dentro de ese internamiento se prohibieron las visitas incluso de su abogada, todo ello consentido por la justicia.
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Llega un momento en el que la Juez “se cae” por las escaleras y se rompe la cadera y la residencia decide no mantener a la Juez allí, por lo que se la monta en una ambulancia y aparece en Palencia tomando el Juzgado decisiones inaudita parte, es decir, sin escuchar a la paciente, a sus allegados o a su letrada.
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Y en Palencia reiteramos el escenario de desprotección judicial, y se admite de forma sumaria a un paciente que proviene de otra comunidad autónoma y de otra sede judicial, con la connivencia de la Fiscalía, y se prohiben las visitas y la letrada solo puede hablar con la juez “si está delante en todo momento la psiquiatra del centro”. ¿acaso la Juez necesita tanta protección? O acaso es necesaria tanta vigilancia.
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La juez estaba aceptablemente bien para su edad cuando estaba ingresada en La Paz a pesar de la medicación, y estaba aceptablemente bien en la residencia de ancianos de Madrid. Lo único que se podría diagnosticar era un “leve deterioro cognitivo” a pesar de que tiene en la memoria todos los teléfonos de sus amigos y puede charlar amigablemente de cualquier tema. Y por ello se indicó que no se aceptaría ningún tipo de tratamiento farmacológico.
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Pues bien, se le puso tratamiento, pero no para corregir ese posible deterioro cognitivo, sino un antipsicótico -que produce deterioro cognitivo-, porque la señora según el psiquiátrico de Palencia no paraba de decirles que “que era juez y catedrática de derecho constitucional y que se encontraba peor que cuando ocho comandos de la ETA la tenían en el punto de mira -todo lo cual es cierto-.
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Y ahí tenemos a la Juez, como 65.000 casos anuales más, internada sin garantías, tratada con medicación que no solo no la ayuda sino que la perjudica, incomunicada e indefensa. 30.000 incapacitaciones, casi 100 esterilizaciones forzosas y un número indeterminado de abortos coactivos al año (en España).
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Nada nuevo bajo el sol, y no se hacen una idea de lo que es luchar contra toda esta maquinaria cuando existe una simbiosis perfecta entre psiquiatría, servicios sociales, policías, forenses, fiscalías y jueces, ayudando a personas a las que maliciosamente se ha debilitado y aislado y a las que no les queda ni paciencia, ni dignidad ni economía para defenderse. Eso sí, la mayor preocupación de la Ministra (que falta a la verdad) son algunas pseudociencias, sí, todas aquellas que no están bajo su control o para su propio interés.” .-
La Sociedad Española de Psiquiatría debe soportar las críticas por duras que sean, concluye la Justicia
Carlos Berbell
09/4/2023 00:45
Actualizado: 09/4/2023 08:25
La libertad de expresión, siempre que sirva al interés general y no se utilicen expresiones manifiestamente injuriosas, vejatorias o innecesarias, comprende la crítica de la conducta de aquel contra quien se dirige, aunque dicha crítica sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar.
Los derechos a la libertad de expresión y de información son esenciales como garantía para la formación de una opinión pública libre. Así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe sociedad democrática.
Es la conclusión a la que ha llegado el tribunal de la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de apelación por la que ha tumbado el fallo de instancia, absolviendo de la acusación de intromisión ilegítima en el honor de los psiquiatras españoles a las asociaciones Citizens Commission on Human Rights -registrada en California, EE.UU– y a la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de España –registrada en España–, ambas de la Iglesia de la Cienciología.
«Iglesia cuyo eje gira en torno a la Dianética, que es considerada como una verdadera ciencia de la salud mental distinta de la psiquiatría contra la que ha luchado y por el psiquiatra Thomas Szasz que fue profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Syracuse en Nueva York; reconocido crítico de los fundamentos morales y científicos de la psiquiatría y uno de los referentes de la antipsiquiatría«, dice la sentencia, que tiene fecha de 10 de febrero pasado, a la que ha tenido acceso Confilegal.
De acuerdo con los magistrados María del Rosario Campesino Temprano, Juan Uceda Ojeda –ponente– y Jesús Alemany Eguidazu, la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la demandante, está obligada a soportar las críticas que se le hagan por duras que sean.
«No creemos que podamos aceptar que el derecho al honor deba prevalecer cuando se enfrentan al derecho a la libertad de expresión en el campo de la salud», afirma el tribunal en su sentencia
No se ha producido, por lo tanto ni una intromisión ilegítima ni una lesión al honor de todos los psiquiatras que son miembros de la SEP, dice el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, como pretendía la SEP.
Por lo que debe prevalecer el artículo 20 de la Constitución sobre el 18.
Y refiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en las sentencia 216/2013, de 19 de diciembre, y sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 375/2013, de 5 de junio, 5/2014, de 14 de enero, y 423/2014, de 30 de julio.
La asociación estadounidense ha estado representada por el catedrático de derecho procesal de la Universidad Carlos III, Víctor Moreno Catena. Y la española por los abogados Isabel Ayuso Puente y Gregorio Arroyo Hernánsanz. Y la SEP por Carles Vendrell Cervantes, de Uría Menéndez.
Ambas asociaciones habían sido condenadas previamente por la titular del Juzgado de Primera Instancia 59 de Madrid el 19 de noviembre de 2021 que había ordenado prohibir las publicaciones que figuraban en los sitios web www.cchr.org y www.ccdh.es en las que critican duramente a los psiquiatras.
Una sentencia que ha sido revocada por esta.
DEBE PREVALECER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El tribunal de la Audiencia Provincial analiza los seis artículos que avalarían, según la SEP, la supuesta intromisión ilegítima del derecho al honor de todos sus asociados.
El primero dice que los psiquiatras son psicópatas porque sus tratamientos dañan el cuerpo y la mente y degradan a la persona. Además afirman que la psiquiatría es una seudo ciencia que no cura las enfermedades mentales y que sus tratamientos, muchas veces impuestos sin contar con la voluntad de los interesados perjudican gravemente a las personas.
«Consideramos que, en el contexto de las teorías anti-psiquiátricas que siguen las entidades demandadas, lo que debemos suponer que es perfectamente conocido por todos los psiquiatras, la frase referida por la asociación demandante no puede dañar el honor de los profesionales y que, en todo caso, quedaría amparado en el derecho de la libertad de expresión«, dice la sentencia.
En el segundo se cuenta que detrás de todo no están las farmacéuticas ni los médicos sino los psiquiatras y la psiquiatría.
«Las Farmacéuticas se apoyan en la autoridad de los expertos de la mente. Una autoridad que es falsa porque una autoridad o experto resuelve problemas de su profesión, ellos solo tapan con sus tratamientos los síntomas que se manifiestan. Duermen la conciencia de la persona; la deprimen o la excitan con potentes drogas dañinas que van forzando, como venenos que son, el cuerpo y la mente hacia un deterioro».
El tribunal parece tenerlo muy claro en su valoración: «Algunas de las frases o expresiones que se señalan como ofensivas podrían dar a entender que en la conducta de los psiquiatras prima el lucro económico sobre el fin curativo y terapéutico, pero no creemos que podamos aceptar que el derecho al honor deba prevalecer cuando se enfrentan al derecho a la libertad de expresión en el campo de la salud«.
El tercero dice de la psiquiatría que es la historia de un fracaso. “Los psiquiatras continúan teniendo entre los colegas médicos una reputación bastante desfavorable; se les califica como torpes y de segunda clase” y “la psiquiatría es probablemente la fuerza más destructiva que ha afectado a la sociedad en los últimos 60 años”, según Edward Shorter y el doctor Thomas Szasz.
Las supuestas ofensas, dice el tribunal, «provienen de una afirmación que no admite discusión, cual es que se siguen practicando internamientos forzosos e involuntarios y prescribiendo tratamientos sin contar con el consentimiento de los pacientes y de unas frases emitidas, tal como consta en el propio artículo, por el historiador médico Edward Shorter en su libro «A History of Psychiatry» por Thomas Szasz uno de los fundadores, como ya dijimos, de la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos».
«No encontramos motivo alguno para considerar que con esta publicación se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor de los miembros de la SEP», añade.
«Pensamos que las afirmaciones que se contienen en el artículo son meras consecuencias o deducciones de principios ya defendidos por las diversas corrientes anti-psiquiatría que existen y que creemos que son perfectamente conocidas por los miembros de la asociación demandante»
Cuarto artículo. «Nuestro mundo atrapado en las drogas. A juicio de la demandante se lesiona el honor en cuento se afirma que los diagnósticos de los psiquiatras son fraudulentos y que lo son intencionadamente para ‘engañar’ a las personas que gozan de una salud mental plena con la finalidad de poder recetarles fármacos psiquiátricos».
En dicha pieza, como ocurrió en la segunda de las publicaciones abordadas por los tres magistrados, «se vuelve a criticar la labor de los psiquiatras al negarles autoridad y la eficacia de sus tratamientos y por la utilización de drogas para tratar todo tipo de los denominados trastornos mentales que van en aumento lo que ha permitido una extensión inaceptable de productos farmacéuticos a distintas esferas y personas».
«Si podremos encontrar palabras que puedan catalogarse de ofensivas a unos médicos al acusarles un claro abandono de la finalidad curativa, pero de una lectura de todo el artículo fácilmente puede comprobarse que, quizás usando unos términos duros y ácidos, todo ello se enmarca dentro de la crítica sobre los trastornos sociales en todos los campos de la vida que, a juicio del autor de la publicación, producen los fármacos. Nuevamente creemos que la colisión entre los derechos fundamentales se debe inclinar hacia la libertad de expresión», subrayan.
Los dos textos siguientes se refieren a dos cartas abiertas. La primera a los médicos de atención primaria y la segunda a los estudiantes de medicina.
En la primera se imputa a los psiquiatras la utilización de una plaga de medicamentos que causan un holocausto mental y se vierte la acusación de que no cumplen el juramento hipocrático.
En el artículo se vuelve a insistir en un mismo tema, que los tratamientos con psicofármacos, que se han extendido a los médicos de medicina general, provocan graves
efectos de adicción y la anulación mental, sin obtener resultados apreciables.
Pero los jueces subrayan que va dirigido a los médicos de atención primaria no a los psiquiatras, «por lo que no puede apreciarse ningún ataque al honor de los miembros de la SEP».
CRÍTICA A LOS PSIQUIATRAS POR NO CUMPLIR EL JURAMENTO HIPOCRÁTICO
En la carta abierta a los estudiantes se destaca que se acusa, también a los psiquiatras, de no cumplir el juramento hipocrático.
El medico autor del artículo, integrante de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, explica las razones por las que considera que no debe escogerse la especialidad de psiquiatría, ya que considera que carece de base científica; las pruebas biológicas para evidenciar una enfermedad mental son meramente colaborativas, los diagnósticos son fundamentalmente teóricos, no están validados rigurosamente y cuentan con definiciones demasiado amplias.
En esta carta, refiere el tribunal, «solamente observamos una nueva crítica a la Psiquiatría y a la utilización de pastillas en sus tratamientos, lo que no debe sorprender a la demandante conociendo su origen, sin que apreciemos frases o expresiones que supongan un evidente ataque o intromisión ilegítima en el honor de los psiquiatras, ataque que de haber existido estaría debidamente protegido por la libertad de expresión, como venimos refiriendo al analizar las publicaciones anteriores».
Del último texto, titulado «Psiquiatría, pseudociencia y sanidad púbica», es autor el abogado Luis de Miguel Ortega, se dice que contiene un conjunto de insultos y descalificaciones dirigidas contra los psiquiatras que deben considerarse «inadmisibles».
«Las afirmaciones que se contienen en el artículo son meras consecuencias o deducciones de principios ya defendidos por las diversas corrientes anti-psiquiatría que existen y que creemos que son perfectamente conocidas por los miembros de la asociación demandante»
Frases como “la Psiquiatría sirve de maquinaria de control social que a veces se convierte en agente de la venganza social y política«; «El psiquiatra es quien de forma absolutamente ilegal envía un fax al Juzgado para solicitar un internamiento involuntario, por causas falsas, sin urgencia necesaria, ante medidas menos restrictivas e incluso por cuestiones de ego como ‘no viene a mi consulta desde hace meses’”; o «Hay un número indeterminado de abortos coactivos en España en manos de psiquiatras que no quieren que los ciudadanos veamos la catástrofe que le pasa a un niño cuando nace después de haber estado sufriendo la medicación psiquiátrica que tomaba la madre”.
Sobre lo que concluye el tribunal: «Seguimos pensando que nos encontramos ante un conflicto en el que debe prevalecer la libertad de expresión, pensamos que las afirmaciones que se contienen en el artículo son meras consecuencias o deducciones de principios ya defendidos por las diversas corrientes anti-psiquiatría que existen y que creemos que son perfectamente conocidas por los miembros de la asociación demandante. Asimismo las expresiones más ácidas y vejatorias van ligadas directamente al objetivo legítimo que podría ser protegido por la libertad de expresión».
Las costas van a cuenta de la SEP, que todavía puede recurrir ante el Tribunal Supremo.