Ley 4/2026
Vamos a hacer un resumen de la nueva Ley 4/2026 sobre discapacidad y dependencia que viene a marcar un punto de cambio y a presentar nuevos riesgos.
Los principales puntos negros y riesgos son:
Es una Ley demasiado amplia y compleja. Afecta a muchas leyes y tanto la exposición de motivos como las disposiciones finales son eternas, lo que hace que sea una ley que entra en ambigüedades. De entrada, no define la discapacidad como una situación claramente de hecho, lo que va a generar muchos problemas interpretativos.
Es una Ley excesivamente burocrática y orientada al bienestar del Estado y no a un servicio efectivo al ciudadano. Porpone muchos servicios que ni existe ni parece probable que puedan existir, como los diagnósticos de discapacidad en menores de 6 y 3 años, especialmente en materia de discapacidad mental.
Es una Ley orientada al servicio público prestado por operadores públicos y conciertos que no deja espacio a la libertad de mercado y la iniciativa privada sino a consorcios y contubernios con "entidades del tercer sector", que ya se ha comprobado como fuente de corrupción.
Establece figuras profesionales como el facilitador que deberá desarrollarse en este año que en teoría debe ser neutral, pero no establece una fórmula que garantice la neutralidad. Es decir, si es un funcionario o trabajador público o depende de entidades subcontratadas del tercer sector, nos encontraremos con los mismos problemas que aparecen en los Servicios Sociales (una corrupción circular).
Se establecen normas de respeto para la discapacidad mental y se anuncia una Ley Orgánica. No parece razonable que sea una Ley Ordinaria, la que marque los límites de una Ley Orgánica, sino que debería ser al revés.
Probablemente cada operador jurídico se quede con lo que más le interese y haga su propia iinterpretación, por lo que no es previsible que las bases de la ley se implanten de manera inmediata ni razonable. por ejemplo en cuastión de desinstitucioalización, dependerá que existan recursos... Esto puede terminar en que la ley se convierta en derechos de papel que justifiquen el habitual mal funcionamiento de los servicios de discapacidad y dependencia.
Corre el mismo riesgo que la Ley de Servicios Sociales o la Ley 8/2021 de protección de los menores frente a la violencia doméstica y que se covierta en iinstrumentos de arbitrariedad y corrupción.
Puntos positivos:
Permiten una visión esperanzadora del sector. A pesar de que este experimento no viene por iniciativa del Gobierno ni de la Oposición, no obsta para que no se vea el espíritu de reforma que se impone internacionalmente. Está en el Gobierno, Oposición y Sociedad Civil ponerse en marcha para no perder esta opportunidad.
Se trata de un texto con una filosofía concreta que deberá ser aplicado por Jueces, Fiscales, Forenses, Servicios Sociales y Servicios Sanitarios en genral pero concretamente los más cercanos a la discapacidad mental como psiquiatras. A pesar de que este tipo de colectivos tienen alergia a leer normas y leyes que garanticen derechos, no es menos cierto que para el operador jurídico ofrece un ponto de referencia indiscutible.
Establece una nueva función necesaria que es la de facilitador y, a pesar de que esta función y profesional no está vinculada al paciente como puede ser un representante, un apoyo, un defensor judicial, un curador y un tutor, no es menos cierto que es una muy buena oportunidad de trabajo para trabajadores sociales, sanitarios, psicólogos y abogados mediante una formación especializada que "tendremos" que organizar.
Establece la apertura de un año para acabar con la impunidad y la arbitrariedad en los internamientos y tratamientos involuntarios mediante la redacción de una esperada "ley orgánica" que "tendremos" que redactar.
En fin, se abren oportunidades de trabajo al tiempo que se inicia un camino de regeneración y reparación de todo el daño causado por décadas.
1) Contenido de la ley: Exposición de motivos
Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.
Tremendo título no nos puede llevar más que a la conclusión de que es una ley extremedamente e innecesariamente compleja.
Comienza reconociendo dos cambios legislativos que impulsan esta desordenada reforma.
Por una parte el expreso mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 3 de diciembre de 2007, que impulsa las adaptaciones necesarias a través de la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto.
Por otra parte El artículo 49 de la Constitución Española, tras su reforma de 15 de febrero de 2024 para adaptarlo al marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta reforma constitucional de 2024 que ha pasado casi desapercibida, es consecuencia no solo de la Convencios de Nueva York sino también consecuencia de los desajustes que produce la legislación española y que viene recibiendo críticas de diversos organismos internacionales.
La nueva Ley "pretende" garantizar la igualdad de derechos y la prestación de apoyos y ajustes razonables para alcanzar el pleno disfrute de derechos en condiciones de igualdad, y como ya hemos dicho, viene a modificar sustancialmente en unos casos, insuslsamente en otros, el contenido de una gran cantidad de normas. En mi opinión todo este laberinto legislativo, no responde a otra razón que el desconocimiento y la falta de control de este tema estructurando una norma con:
(1) un preámbulo,
(2) dos artículos,
(25) veinticinco disposiciones adicionales,
(1) una disposición transitoria
(28) veintiocho disposiciones finales
Lo cuál no es una estructura legislativa habitual (2 artículos frente a 54 disposiciones...)
2) Artículo primero reforma el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
Aclaración de conceptos:
h) Vida independiente:
j) Inclusión:
k) Accesibilidad universal:
m) Ajustes razonables:
p) Capacitismo:
q) Desinstitucionalización:
r) Interseccionalidad:
s) Urgencia vital:
t) Sordoceguera
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 4, que queda redactado como sigue:
se reconoce con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
con discapacidad del 65 por ciento a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado II y III.
se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente:
Tres. Se modifica la rúbrica del capítulo III del título preliminar, que queda redactada como sigue:
Artículo 6. Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad.
respetando el principio de libertad en la toma de decisiones,
acceso y la comprensión de la información como presupuesto para un consentimiento informado con todas las garantías para la libertad y preferencias de las personas con discapacidad.
derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros de apoyo de la comunidad,
asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición
planes de desinstitucionalización que promuevan la vida independiente y la inclusión en la comunidad
deberán tener en cuenta las circunstancias y la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad y asegurarle apoyos que garanticen su libertad en la toma de decisiones
planes en materia de accesibilidad e inclusión
Artículo 7. Derecho a la igualdad.
mismos derechos que el resto de la ciudadanía
medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad
igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio, así como de participación en los asuntos públicos
niñas, niños y mujeres, personas mayores víctimas de violencia de género o de violencias sexuales, personas con pluridiscapacidad, integrantes de otras minorías.
5. Las políticas, estrategias, programas y acciones de los poderes públicos tomarán en consideración la situación y necesidades de las personas con discapacidad sobrevenida, adaptando las estructuras, dispositivos, recursos e intervenciones oficiales a las particularidades derivadas de la adquisición imprevista de la discapacidad
Las personas con discapacidad tienen derecho a utilizar los productos de apoyo y las ayudas técnicas que necesiten
5. tomarán en consideración la situación y necesidades de las personas con discapacidad sobrevenida, adaptando las estructuras, dispositivos, recursos e intervenciones oficiales a las particularidades derivadas de la adquisición imprevista de la discapacidad
Las personas con discapacidad tienen derecho a utilizar los productos de apoyo y las ayudas técnicas que necesiten. En ningún caso podrán ser obligadas a prescindir de productos o a desactivarlos
Artículo 7 bis. Respeto al derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad en su seno.
plenitud de derechos referidos al matrimonio u otras formas análogas de afectividad
derecho de casarse o a formar una pareja de hecho
derecho a fundar una familia. y tener hijos
derecho a mantener su fertilidad¡
derecho a la intimidad personal y familiar.
disfruten los mismos derechos en la vida familiar
máxima consideración en todas las políticas de promoción y protección familiares
protegidas contra la soledad forzosa o no deseada
Las mujeres y las niñas y niños con discapacidad serán titulares, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, sin exclusiones ni discriminaciones por discapacidad, de sexo, edad, orientación o identidad sexual, expresión de género, origen racial o étnico
leyes con enfoque doble de inclusión y género,
velarán por que las niñas y niños con discapacidad puedan participar libremente en todas las cuestiones
Artículo 7 ter. Promoción y protección reforzadas de los derechos de las mujeres y de las niñas y niños con discapacidad.
Las mujeres y las niñas y niños con discapacidad serán titulares, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, sin exclusiones ni discriminaciones por discapacidad, de sexo, edad, orientación o identidad sexual, expresión de género, origen racial o étnico
leyes con enfoque doble de inclusión y género,
velarán por que las niñas y niños con discapacidad puedan participar libremente en todas las cuestiones
desplegaran de manera inclusiva las normas y políticas de infancia
Se protegerá la libertad sexual
Víctimas de violencia contra las mujeres serán titulares del derecho a recibir apoyos adecuados
asistencia personal suficiente
accesibilidad de los servicios de atención
La coordinación entre los sistemas de atención a la dependencia y los sistemas de protección
Medidas específicas
Ocho. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 4 al artículo 10, con la siguiente redacción:
2. Las actuaciones de las Administraciones públicas y de los sujetos privados prestarán atención específica a las necesidades
4. Los poderes públicos adoptarán las medidas precisas para asegurar la accesibilidad universal en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
Nueve. Se modifica el artículo 11, que queda redactado como sigue: «Artículo 11. Prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades.
La prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades constituye un derecho y un deber de la ciudadanía y de la sociedad
promoverán planes de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades
atención temprana,
orientación y planificación familiar,
consejo genético,
atención prenatal y perinatal,
detección y diagnóstico precoz y
asistencia pediátrica, incluida la salud mental infantojuvenil,
asistencia geriátrica,
así como a la seguridad y salud en el trabajo, a la seguridad en el tráfico vial, al control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental.
Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 13, que queda redactado como sigue:
programas de atención integral
a) Habilitación o rehabilitación.
b) Atención, tratamiento y orientación psicológica.
c) Educación.
d) Apoyo para la actividad profesional.»
Once. Se añade un nuevo artículo 13 bis, con la siguiente redacción: Artículo 13 bis. Atención integral y comunitaria en materia de salud mental.
1. La atención integral y comunitaria
garantizándose el enfoque comunitario y centrado en la persona y el respeto de sus deseos, voluntades y preferencias.
Todas las intervenciones sanitarias y asistenciales en el ámbito de la salud mental deberán basarse en el consentimiento libre e informado de la persona
a) En caso de que la persona requiera acompañamiento en el proceso de toma de decisiones, estas se adopten con los apoyos formalmente establecidos o, en su defecto, con la asistencia de quien le preste dichos apoyos conforme a la legislación aplicable.
b) Si el paciente no puede decidir, se consulte su voluntad anticipada a través de documentos registrados o lo indicado en su historia clínica, de conformidad con la legislación sanitaria vigente.
c) En casos de urgencia vital, se siga lo dispuesto en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Se dejará constancia escrita en la historia clínica, detallando que se agotaron previamente las alternativas voluntarias y que el paciente fue informado de sus derechos y garantías según la legislación procesal.
d) El uso de sujeciones o contenciones debe considerarse únicamente en situaciones excepcionales y tratarse como incidentes relacionados con la seguridad del paciente
e) Se establezcan protocolos en los centros para garantizar la intimidad, seguridad, cuidados y respeto a los derechos y dignidad del paciente.
3. Quedan expresamente prohibidos:
a) El internamiento involuntario por razón de discapacidad salvo en los casos de urgencia vital, que son aquellos episodios de crisis que comprometan la vida del paciente o de terceros.
b) Las intervenciones involuntarias protocolizadas sin evaluación individual.
c) El mantenimiento no justificado de medidas involuntarias.
d) Las intervenciones involuntarias con carácter punitivo o disciplinario.
e) Los procedimientos regimentales aplicados a personas privadas de libertad o no, que padezcan problemas de salud mental.
4. Con el fin de garantizar lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones públicas competentes crearán los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las medidas previstas en este artículo y, en consecuencia, para velar por el respeto de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental.»
Doce. Se modifica la rúbrica del artículo 14 y sus apartados 1 y 2, que quedan redactados como sigue: Habilitación y rehabilitación.
Artículo 14. Habilitación y rehabilitación.
1. Los poderes públicos impulsarán medidas efectivas y pertinentes para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima autonomía, inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, a través de la habilitación y la rehabilitación.
2. programas de habilitación y rehabilitación
Trece. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue: «Artículo 15. Atención, tratamiento y orientación psicológica.
1. La atención, el tratamiento y la orientación psicológica estarán presentes durante las distintas fases del proceso
se basarán en las características personales de la persona con discapacidad, sus motivaciones e intereses, así como los factores familiares y sociales
formarán parte de los apoyos a la autonomía personal
Catorce. Se modifica el apartado 6 del artículo 17, que queda redactado como sigue: Actividades formativas
«6. Las actividades formativas podrán impartirse tanto en los centros de formación dedicados a ello, como en las empresas, siendo necesario, en este último supuesto, la formalización de un contrato de formación en alternancia, cuyo contenido básico se ajustará a lo dispuesto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y sus normas de desarrollo.
Quince. Se modifica el artículo 18, que queda redactado como sigue: «Artículo 18. Contenido del derecho.
1. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva y universalmente accesible, de calidad y gratuita, en los mismos espacios y con los apoyos necesarios para garantizar su presencia, participación y progreso en igualdad de condiciones con las demás.
3. La escolarización de este alumnado en centros de educación especial o unidades educativas, sólo se llevará a cabo cuando, excepcionalmente, sus necesidades no puedan ser atendidas
Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 21, que queda redactado como sigue:
1. Son funciones específicas de los servicios de orientación educativa apoyar a los centros docentes en el proceso hacia la inclusión
Los servicios de orientación educativa deben contribuir a la dinamización pedagógica, a la calidad y la innovación educativa
Diecisiete. Se modifica la rúbrica del capítulo V del título I, que queda redactada como sigue:
Dieciocho. Se modifica la rúbrica del artículo 22 y su apartado 1, que quedan redactados como sigue: «Artículo 22. Derecho a la Accesibilidad Universal.
1. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
tanto en zonas urbanas como rurales.»
3) El artículo segundo reforma la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
4) Disposiciones adicionales (25)
La disposición adicional primera introduce referencias en materia de vivienda recogidas en la legislación vigente.
La disposición adicional segunda establece requisitos de idoneidad para ejercer actividades con contacto habitual con personas con discapacidad o en situación de dependencia, exigiendo la ausencia de antecedentes por determinados delitos y regulando sus efectos jurídicos.
La disposición adicional tercera actualiza referencias normativas en distintas leyes para adecuarlas al marco jurídico actual en materia de protección de datos, procedimiento administrativo y derechos de las personas con discapacidad.
La disposición adicional cuarta armoniza la terminología relativa a los centros especiales de empleo, que pasan a denominarse empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
La disposición adicional quinta garantiza que el tratamiento de datos personales en aplicación de la ley se ajuste a la normativa europea y nacional en la materia.
La disposición adicional sexta encomienda a las comunidades autónomas la regulación, en el plazo de doce meses, del régimen jurídico de las prestaciones económicas de emergencia gestionadas por los servicios sociales, permitiendo mientras tanto la aplicación del régimen vigente, incluida la concesión directa conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La disposición adicional séptima autoriza la creación del Consorcio Centro Estatal de Competencias en Innovación Social (CECIS), como entidad del sector público institucional estatal con personalidad jurídica propia y autonomía funcional y de gestión, de conformidad con el artículo 123.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La disposición adicional octava impulsa la creación de mecanismos comunes de acceso a datos sanitarios por parte de las administraciones responsables de valorar la discapacidad y la dependencia, con el objetivo de mejorar la coordinación y agilizar los procedimientos.
La disposición adicional novena reconoce a los servicios sociales, incluyendo los de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, como servicios esenciales, garantizando su funcionamiento y atención prioritaria en situaciones de emergencia.
La disposición adicional décima establece la reactivación de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar que hubieran sido suspendidas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, recuperando su vigencia y la cuantía correspondiente.
La disposición adicional undécima promueve el diseño e implementación del desarrollo formativo específico en Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La disposición adicional duodécima prevé la incorporación al Sistema de tecnologías innovadoras que puedan incrementar su eficacia.
La disposición adicional decimotercera prevé el establecimiento de un sistema de ventanilla única del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La disposición adicional decimocuarta establece la base del desarrollo de instrumentos estadísticos y metodológicos para la medición de la aportación de los trabajos no remunerados a la economía española.
La disposición adicional decimoquinta contempla la realización de una evaluación de las modificaciones realizadas desde la perspectiva de género.
La disposición adicional decimosexta impulsa la realización de un estudio por parte de la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración para analizar la pertinencia de la inclusión en la cartera de servicios de una prestación para la contratación directa por parte de las familias de trabajadoras del hogar.
La disposición adicional decimoséptima promueve la creación de mecanismos estables de seguimiento y evaluación de las políticas de desinstitucionalización de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia a través de la constitución de organismos de carácter permanente. Las Administraciones públicas competentes crearán mecanismos estables de seguimiento y evaluación de las políticas de desinstitucionalización de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia, mediante la constitución de comisiones u órganos específicos con carácter permanente, con participación de las entidades representativas y de las propias personas afectadas, que permitan la revisión continua, la mejora y la adecuación de las políticas al enfoque de los derechos humanos y de la vida independiente.
La disposición adicional decimoctava prevé la creación de una nueva figura. Persona experta facilitadora procesal. Requisitos y funciones.
La persona experta facilitadora será neutral y no hablará en nombre de las personas con discapacidad ni de la Administración de Justicia, ni dirigirá o influirá en las decisiones o resultados.
2. Son funciones de la persona que prestará la facilitación, al menos, las siguientes:
a) Identificar las necesidades de apoyo
b) Determinar cuáles son los apoyos y ajustes
c) Explicar, el contenido de los ajustes.
d) Desplegar y poner en práctica, cuando resulte necesario, los ajustes de procedimiento y adaptaciones.
e) Cualquier otra que pueda contribuir a la finalidad de que la persona con discapacidad tenga una participación eficaz en el proceso.
Formación:
a) La persona experta facilitadora procesal deberá contar con una formación específica y acreditada en el modelo social de la discapacidad, necesidades derivadas de la interacción entre las diferentes discapacidades y la administración de justicia, accesibilidad cognitiva, comunicación inclusiva, identificación de ajustes de procedimiento en función de necesidades individuales y funcionamiento de la administración de justicia.
b) Además de la formación especializada, se valorará que la persona experta facilitadora procesal acredite experiencia profesional previa en contextos de intervención directa con personas con discapacidad.
El ejercicio de la facilitación procesal se regirá por los principios de
- neutralidad,
- confidencialidad,
- respeto a la diversidad e
- independencia.
La persona experta facilitadora debe actuar con la máxima diligencia profesional, manteniendo una actitud neutral en todo momento y evitando cualquier forma de influencia, protagonismo o interferencia con el resto de los profesionales de la Administración de Justicia.
Con el fin de garantizar la independencia y neutralidad propias de la función de facilitación, el desempeño de dicha función
será incompatible con la intervención como abogado, procurador, graduado social u otra clase de profesional colaborador en la impartición de la justicia de las partes intervinientes en el seno del proceso.
5. Será, en todo caso, el órgano judicial competente en cada fase del procedimiento, el que decidirá, bien de oficio bien a instancia de parte, la necesidad o no de la asistencia a la persona con discapacidad, así como el modo en que ha de desplegarse dicho apoyo. Dicha designación revestirá la forma de Auto y deberá adecuarse a las necesidades especiales que presente la persona con discapacidad.
6. Serán nulos los actos procesales, las diligencias de investigación o pre procesales ante el Ministerio Fiscal, y las diligencias policiales realizados prescindiendo de las adaptaciones o ajustes de procedimiento, incluyendo la actuación de la persona experta facilitadora, cuando se acredite que su falta de realización ha impedido la participación efectiva de la persona con discapacidad en el procedimiento.
7. Reglamentariamente, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este precepto, a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se adoptarán las disposiciones normativas necesarias para el desarrollo de lo establecido en esta disposición, así como el resto de los aspectos relacionados con la actuación procesal de la persona experta facilitadora.
Se contará con la participación efectiva de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de este reglamento, conforme al principio de diálogo civil. Asimismo, se desarrollará el papel de estas organizaciones en la provisión de servicios de facilitación en calidad de entidades colaboradoras de la Administración de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Además, en el ámbito de las administraciones competentes se desarrollarán reglamentariamente los criterios de calidad contemplados en el apartado tercero de esta disposición, así como los mecanismos de supervisión y seguimiento profesional que garanticen la calidad técnica y ética del servicio, incluyendo protocolos institucionales y posibles órganos supervisores especializados.
La disposición adicional decimonovena establece expresamente unas previsiones para la aplicación de esta ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
La disposición adicional vigésima prevé la constitución de un grupo de trabajo estatal sobre la financiación y sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Disposición adicional vigesimoprimera. Desarrollo e interoperabilidad de los sistemas de información.
Disposición adicional vigesimosegunda. Cumplimiento de las Recomendaciones del Pacto de Toledo para la prórroga del derecho a la prestación y permiso por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, vinculada a la convivencia con la persona dependiente, en los supuestos de gran discapacidad o gran dependencia.
Disposición adicional vigesimotercera. Las personas cuidadoras que figuren en un Programa Individual de Atención (PIA) que se hayan visto obligadas a renunciar a su actividad laboral o profesional por hacerse cargo de personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley serán consideradas colectivo de atención prioritaria para la política de empleo, en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.
Disposición adicional vigesimocuarta. Simplificación administrativa y resolución ágil de la prestación y permiso por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME).
Disposición adicional vigesimoquinta. Protección de los trabajadores autónomos para la prórroga del derecho a la prestación y permiso por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, vinculada a la convivencia con la persona dependiente, en gran discapacidad o gran dependencia.
5) Dispposición transitoria (1)
Disposición transitoria. Revisión de prestaciones vigentes para la prórroga del derecho a la prestación y permiso por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, vinculada a la convivencia con la persona dependiente, en los supuestos de gran discapacidad o gran dependencia
6) Disposiciones finales (28)
Disposición final primera. Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. «Disposición adicional tercera. Ayudas públicas a las comunidades de propietarios y vecinos para la realización de obras y actuaciones de accesibilidad.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. «Disposición adicional cuarta. No discriminación por razón de discapacidad.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Disposición adicional duodécima. Accesibilidad universal al patrimonio histórico y cultural.
Disposición final quinta.
Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Se modifica el apartado 19 del artículo 8 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que queda redactado como sigue:
19. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 57.3 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia o en la disposición adicional segunda de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.»
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Disposición final octava. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Disposición final novena. Modificación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Disposición final décima. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
Disposición final undécima. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Disposición final duodécima. Modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Disposición final decimotercera. Modificación de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
Disposición final decimocuarta. Modificación de la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.
Se crea el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, dependiente del organismo autónomo Real Patronato sobre Discapacidad,
Disposición final decimoquinta. Modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
La autoridad audiovisual competente fomentará la adopción de códigos de autorregulación por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual con el fin de alcanzar la accesibilidad universal.
Disposición final decimosexta. Modificación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.
Disposición final decimoséptima.
Modificación de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias.
Disposición final decimoctava. Autorización al Gobierno para la refundición de textos legales.
Disposición final decimonovena. Modificación del artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y desarrollo de la normativa sanitaria y social de aplicación.
1. El Gobierno, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley Orgánica de reforma del artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. El objeto de esta reforma será el de adaptar el procedimiento recogido en dicho artículo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Española, las recomendaciones a España del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas en la revisión de España a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa. Dicha regulación deberá incorporar el concepto de apoyo comunitario y dirigirse a solventar las situaciones críticas en que puedan encontrarse las personas con problemas de salud mental y que supongan compromiso de su integridad y seguridad personales o la de terceros.
2. La reforma procesal de la Ley de Enjuiciamiento Civil deberá ir acompañada del correspondiente desarrollo normativo de los aspectos sanitarios y sociales necesarios para su aplicación.
Disposición final vigésima. Actualización de regulación de los patrimonios protegidos en favor de personas con discapacidad.
Disposición final vigesimoprimera. Mandato al Gobierno español para la remisión a las Cortes de un proyecto de Ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas judicialmente por razón de discapacidad. El Gobierno español remitirá, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta disposición, un proyecto de Ley que tenga por objeto el reconocimiento, la reparación y la indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas judicialmente por razón de discapacidad.
Disposición final vigesimosegunda. Desarrollo reglamentario del empleo personalizado.
En el plazo de doce meses a partir de la publicación de esta ley, el Ministerio de Trabajo y Economía Social regulará a través de Real Decreto el contenido de los programas de empleo personalizado recogidos en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Disposición final vigesimotercera. Desarrollo reglamentario y adaptación asistencial para la prórroga del derecho a la prestación y permiso por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, vinculada a la convivencia con la persona dependiente, en los supuestos de gran discapacidad o gran dependencia.
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, aprobará las modificaciones necesarias en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, por el que se regula la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, con el fin de adaptarlo a lo dispuesto en esta ley, incorporar las nuevas modalidades asistenciales y garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio nacional.
Disposición final vigesimocuarta. Adaptación normativa.
1. El Gobierno, previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, aprobará un nuevo baremo de valoración de la situación de dependencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
Disposición final vigesimoquinta.
Marco de referencia sobre ajustes razonables en materia de no discriminación, igualdad de trato y accesibilidad universal de personas con discapacidad.
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aprobará, mediante orden ministerial, un marco de referencia sobre ajustes razonables en materia de no discriminación, igualdad de trato y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que proporcione directrices, criterios y orientaciones para una adecuada interpretación, despliegue y aplicación de este mecanismo de protección y garantía de derechos.
Disposición final vigesimosexta. Título competencial. Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles
Disposición final vigesimoséptima. Habilitación para el desarrollo normativo. Se habilita al Gobierno para dictar, mediante real decreto, las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de esta ley, dentro del ámbito de sus competencias.
Disposición final vigesimoctava. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.
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