En esta crisis político sanitaria, sabíamos desde el principio que las personas mayores eran las más vulnerables al virus y las que más mortalidad sufrían. Sin embargo,
Obligaron a la policía a coaccionar y multar a los ciudadanos, en lugar de emplearlos para dar protección y asistencia a los ancianos.
Además, emplearon a los bomberos y al ejército para aplicar fumigaciones absurdas e inútiles, en lugar de dar soporte y cuidados a los ancianos.
Aislaron a los ancianos en sus casas, los aterrorizaron.
Negaron la asistencia a los ancianos que estaban en sus domicilios y en residencias, sin el mínimo y básico contacto, sin un tratamiento ni siquiera sintomático.
Se negaron a hacer pruebas diagnósticas hasta que fue muy tarde.
No protegieron al personal sanitario y de ayuda social, que pudieron ser vectores perfectos del contagio.
Se negaron tratamientos caseros posibles, eficaces y eficientes como:
Infusiones y comprimidos de artemisia
Clorito de sodio y dióxido de cloro
Vitamina C en altas dosis
Alimentación, higiene y ejercicio.
Se impusieron tratamientos experimentales sin el consentimiento de los ancianos, jugando con sus vidas.
Se negó la evidencia de que la mortalidad estaba relacionada con la vacuna de la gripe y se insiste en vacunar a los ancianos este año, a pesar del riesgo evidente.
Se les negó tratamiento por una cuestión de edad, por criterios políticos y no médicos y se establecieron protocolos para desconectarlos del tratamiento.
No solo se les negó un tratamiento respiratorio, sino que se indicó el empleo de eutanasia activa involuntaria.
Se incineró a los ancianos sin contar con su consentimiento, sin importar los sentimientos religiosos de ellos o de sus familias. En muchos casos se entregaron a los familiares cenizas de no se sabe qué.