Nuestro amigo Franco

Estimado camarada:

PRIMERO: La manifestación se comunicó con tiempo suficiente. No así la respuesta que emitida supuestamente el 10 de agosto, se hace llegar a los convocantes el 14 de agosto sin tiempo para presentar recurso alguno en una actitud incomprensible de la delegación de Gobierno que pudo si hubiese querido hacer llegar la resolución a tiempo.

SEGUNDO: Que después de una semana de la manifestación, no conocemos ni un solo caso de contagio, positivo o enfermedad relacionado con dicha manifestación. Como tampoco conocemos que se haya tomado medida alguna para confinar o testar o poner bajo confinamiento o tratamiento preventivo a los policías que acudieron con una mascarilla que es inhábil para la protección biológica.

TERCERO: Que tras la comunicación maliciosamente tardía del Delegado del Gobierno, donde los manifestantes dijeron que estarían a partir de las 18h., vemos que dicho delegado se arroga la capacidad sin explicación alguna de decidir por sí mismo la duración de la manifestación y envía a policías en actitud chulesca y provocadora con la intención de reventar la manifestación, cruzando furgonetas en el interior de la Plaza de Colón. No es esa la función de la policía, ni es función del delegado del Gobierno emplear a la policía para coaccionar a la población en el ejercicio de sus derechos fundamentales. La policía, no es del Delegado del Gobierno. La policía, no está al servicio de los políticos para sus caprichos.

CUARTO: Que tras las amenazas del delegado del Gobierno contra los organizadores y manifestantes después de reconocer “sentirse engañado” y tras la arenga del PP de “disolver la manifestación”, no nos queda otra que sospechar que o carecen de la mínima inteligencia o adolecen de una extrema maldad. En cualquier caso, los ciudadanos corren peligro seguro bajo el Gobierno y oposición.

QUINTO: Que establece el Código Penal en su artículo 514.4 que “Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.” La gestión de la solicitud fue negligente, el control policial fue hostigados y las manifestaciones del delegado del gobierno fueron insultantes y con ánimo coactivo. Los asistentes fueron molestados por las fuerzas del “orden” hasta tal punto, que uno fue lanzado desde altura a la fuente de Colon por uno de los agentes -por poner uno de los ejemplos que tenemos grabados-.

SEXTO: Que no parece razonable que el delegado de un Gobierno que oculta y falsea datos, que oculta y falsea la existencia de comisiones de expertos y que se salta las leyes más básicas del estado, pretenda dar lecciones a los ciudadanos que necesitan y merecen explicaciones y se reúnen pacíficamente. Han muerto no menos de 30.000 ancianos por imprudencia grave; Se ha destruido la economía; Se han pedido créditos sin que exista desde hace años un control presupuestario de la Administración; Se ha encargado una vacuna sin garantías; Se ha programado una vuelta al colegio delirante ajena al conocimiento científico; etc. El Delegado del Gobierno que plantea la situación como una crisis de salud púbica, deberá demostrar que la manifestación supuso un riesgo inminente y grave y que la manifestación ha tenido consecuencias constatables. El delegado del Gobierno no puede mentir en público y decir que se siente engañado, que los organizadores prometieron el uso de mascarillas, que la manifestación era de 18 a 19 horas o que se anunció una concentración de tan solo 20 personas. Lo cierto es que la manifestación se convocó a partir de las 18 h., no se garantizaba el uso de mascarillas porque se ha de respetar la ley y las exenciones que establece, y la solicitud hablaba de más de 20 personas y no hasta 20 personas.

Por todo lo expuesto SOLICITO, en mi propio nombre y en nombre de mi mandante, (i) acceso al expediente administrativo relativo a la comunicación de la manifestación, que deberá estar integrado por cuantos informes se hayan emitido y cuantos documentos apoyen los mismos; (ii) una explicación razonable de por qué no se hizo llegar la resolución a tiempo, (iii) una disculpa pública por las expresiones insultantes, deprecativas y con ánimo coactivo vertidas en medios de comunicación, y todo ello en el plazo improrrogable de 10 días, tras los cuales, de no obtener respuesta, iniciaremos procedimientos judiciales.

Quedamos también a la espera de ese procedimiento sancionador que ha prometido a todos los asistentes a la manifestación del 16 de agosto en la que participé, para que la propuesta de sanción que emitan sea revisada en un Tribunal donde el Delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid y el Ministro del Interior deberán dar explicaciones.