La Justicia española según un periódico Alemán pero lo cierto es que no es solo la Justicia.
El Ejecutivo, vendido a las élites Globalistas; El Legislativo igualmente vendido a los fondos de inversión a sabiendas de que han dejado entre todos a este país sin ninguna posibilidad de supervivencia; El Judicial, vendido por unos moscosos y por la complicidad de sus logias y sociedades; los organismos de "control" como el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, El Tribunal Constitucional, En Defensor del Pueblo, El Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, etc. vendidos miserablemente.
Mientras se falsean los datos de la pandemia y se pone de nuevo en riesgo a los ancianos y se somete a escarnio a los niños.
Y entre tanto, indigentes como el Excelentísimo Franco Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que desconoce la legalidad más simple y emplea la maquinaria de una estado fasciosocialista con moderna checas y sistemas de inteligencia. Ver para creer.
Sobre la manifestación boicoteada del 26 de septiembre y la carrera del delegado del Gobierno, hay que decir:
PRIMERO: La manifestación se comunicó con tiempo suficiente. Una vez más, La Delegación del Gobierno ni ha cumplido con sus obligaciones de recabar información suficiente ni de comunicar la autorización dentro de plazo para garantizar los derechos de los manifestantes.
Por una parte se comunica con fecha de efecto 24 de septiembre la toma de conocimiento de la manifestación, es decir la autorización condicional de la misma. Con fecha 25 de septiembre -con fecha de efecto 26 de septiembre-, se comunica la suspensión de la manifestación en el mismo día convocada, por razones sanitarias y sin haber recabado informe sanitario.
SEGUNDO: Que con fecha 25 de septiembre recibimos comunicación de que hay instrucciones de esa Delegación de Gobierno de cargar contra los manifestantes y emplear la fuerza y material antidisturbios que haga falta. Evidencia de las instrucciones es el hecho de que en la plaza de Colón el día 26, no se desplegaron los medios policiales que se emplearon el 16 de agosto, sino una cantidad de dotaciones desproporcionadas para una manifestación pacífica. Consta el tamaño del dispositivo en video.
TERCERO: Que esa Delegación de Gobierno en fecha 5 de septiembre desplegó efectivos de la UCI (Unidad Central de Inteligencia) procediendo a la detención selectiva de personas que no fueron llevadas a la comisaría correspondiente sino a la Brigada Provincial de Información de Moratalaz donde entre otras cosas se intervinieron los dispositivos móviles de los detenidos sin autorización judicial y donde las detenciones se dilataron mucho más de lo razonable en un Estado de Derecho.
CUARTO: Que se empeña este Delegado del Gobierno en imponer medidas sanitarias -con rango de legalidad ordinaria- frente a Derechos Fundamentales de especial protección, en un ejercicio de voluntarismo y autoritarismo, habida cuenta de que no existe informe sanitario que avale la posición del Delegado del Gobierno, cosa que es habitual.
QUINTO: Que establece el Código Penal en su artículo 514.4 que “Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.” La gestión de la solicitud fue negligente.
SEXTO: Que no parece razonable que el delegado de un Gobierno que oculta y falsea datos, que oculta y falsea la existencia de comisiones de expertos y que se salta las leyes más básicas del estado, pretenda dar lecciones a los ciudadanos que necesitan y merecen explicaciones y se reúnen pacíficamente. Han muerto no menos de 30.000 ancianos por imprudencia grave; Se ha destruido la economía; Se han pedido créditos sin que exista desde hace años un control presupuestario de la Administración; Se ha encargado una vacuna sin garantías; Se ha programado una vuelta al colegio delirante ajena al conocimiento científico; etc. El Delegado del Gobierno que plantea la situación como una crisis de salud púbica, deberá demostrar que la manifestación suponía un riesgo inminente y grave y que la manifestación habría tenido consecuencias constatables.
El delegado del Gobierno no puede mentir en público y decir que se siente engañado, porque los organizadores del 16 de agosto prometieron el uso de mascarillas, que la manifestación era de 18 a 19 horas o que se anunció una concentración de tan solo 20 personas. Lo cierto es que la manifestación se convocó a partir de las 18 h., no se garantizaba el uso de mascarillas porque se ha de respetar la ley y las exenciones que establece, y la solicitud hablaba de más de 20 personas y no hasta 20 personas.
El Delegado del Gobierno, no puede emplear con excusa para suspender una manifestación, lo que ocurrió en otra distinta. La Ley no le permite hacer ese juicio de valor en ningún caso.
Por todo lo expuesto SOLICITO, en mi propio nombre y en nombre de mis mandantes, (i) acceso al expediente administrativo relativo a la comunicación de la manifestación, que deberá estar integrado por cuantos informes se hayan emitido y cuantos documentos apoyen los mismos; (ii) una explicación razonable de por qué no se hizo llegar la resolución a tiempo, (iii) una disculpa pública por las expresiones insultantes, deprecativas y con ánimo coactivo vertidas en medios de comunicación, y todo ello en el plazo improrrogable de 10 días, tras los cuales, de no obtener respuesta, iniciaremos procedimientos judiciales.
Seguimos a la espera de ese procedimiento sancionador que ha prometido a todos los asistentes a la manifestación del 16 de agosto, para que la propuesta de sanción que emitan sea revisada en un Tribunal donde el Delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid y el Ministro del Interior deberán dar explicaciones.