Empezamos con el asunto de las vacunas coactivas.
Como recordaréis, al presentar la demanda el Consejero de Educación de la Generalitat rectificó tímidamente.
Sea como fuere, nos encontramos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esperando a que se nos permita defender los intereses de las familias a las que representamos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está como de costumbre ralentizando e impidiendo la tutela judicial efectiva de los Padres que por los motivos que fueren, no desean tolerar este abuso.
En cualquier caso seguiremos defendiendo a las familias catalanas que lo deseen hasta obtener una respuesta jurídica que reconozca los derechos de los padres y de los niños a obtener una asistencia sanitaria individualizada y sin coacciones.
Por otra parte nos encontramos con:
1) una falsa crisis sanitaria que motiva el confinamiento de Lleida y de la comarca del Sagriá. inmediatamente presentamos recurso de apelación y una impugnación ante el TSJ de Cataluña.
2) una nueva falsa crisis sanitaria que motiva el endurecimiento de las medidas pseudosanitarias de confinamiento, distanciamiento social y mascarillas. Esta nueva crisis fue desestimada por un Juzgado de Lleida y motivó que la Generalitat decretase nuevas normas para saltarse la prohibición judicial. Resulta evidente que a la Generalitat, le importan muy poco los derechos de los ciudadanos y que lo que llaman protección es solo abuso y arresto ilegal. Están destruyendo una sociedad sin cumplir con la legalidad vigente.
3) Era muy llamativo que habían instalado un hospital de campaña para atender el covid-19, dentro de una campaña de marketing y de manipulación social donde las ambulancias corren por las calles tan solo para causar pánico y justificar este estado de excepción donde la Constitución y el Estado de Derecho ha desaparecido.
Sobre la carpa de Lleida heos comprobado a través de colaboradores que se trataba de un decorado inútil. Tan falso como los brotes de coronavirus en base a los pcr. Tenemos por toda España casos positivos de coronavirus de personas con otitis, con cistitis, con dolor de regla, con flemón de muelas y con borrachera. Tenemos embarazadas y parturientas. Todos dan positivo y son origen de dispositivos de vigilancia y seguimiento de "rastreadores" que lo único que hacen es molestar a los amigos y familia de los falsos positivos.
Los PCR siguen siendo pruebas inespecíficas, inefectivas, e ineficaces, que dan falsos positivos con papaya, café, contacto con cabras, cerdos, conejos y que además no sirven para identificar a los enfermos de los sanos.
Sea como fuere, el circo político y sus payasos, se enfrascan ahora en publicar que las pruebas compradas por el partido contrario, son falsas, caras, fraudulentas o sin calidad, e incluso de habla de un 98% de falsos positivos... Ver para creer. En ese contexto, los médicos ajenos a los pacientes y amigos de la oportunidad de negocio y de dejarse llevar por las órdenes de sus superiores, están ejerciendo presiones inmorales sobre los pacientes para que se hagan la prueba y todo ello sin que exista un protocolo, reglamento, norma o ley que lo ampare.
Hemos visto con pavor, como médicos amenazan a los pacientes a hacerse la prueba "por las buenas o por las malas" y cómo se deniegan prestaciones -epidural, resonancia, certificado- si no se hacen la PCR. Como quiera que ya nos resultaba evidente que muchos médicos del sistema eran inmorales antes de la pandemia, ahora comprobamos que pueden llegar a ser delincuentes con extremada facilidad. El artículo 511 del Código Penal establece como delito la denegación de prestaciones por razones discriminatorias -arbitrarias-.
Tenemos cada vez más grabaciones de pruebas de este tipo de delincuencia de bata y fonendo amparados por las organizaciones colegiales que una vez más demuestran que su corporativismo está muy lejos de respetar los derechos de los pacientes a quienes maltratan.